San Salvador, 18 de marzo de 2026 – La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional hasta ahora prohibida, impulsada por el presidente Nayib Bukele que habilita la prisión perpetua para homicidas, violadores y personas calificadas como terroristas. La medida fue avalada con 59 votos de 60 diputados y elimina la prohibición histórica de penas de por vida en el país.

La enmienda, tramitada y votada en cuestión de horas, modifica disposiciones constitucionales que limitaban las condenas a un máximo de 60 años. Con el nuevo marco, se permite que ciertos delitos reciban sentencias que implican cárcel de por vida, sin posibilidad de reducciones significativas de pena.

La reforma se inscribe en la estrategia de seguridad del Gobierno, que desde 2022 mantiene un régimen de excepción para combatir a las pandillas. Bajo este esquema, las autoridades han detenido a unas 91.500 personas acusadas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales, muchas de ellas sin orden judicial.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la iniciativa como parte de una “guerra sin cuartel contra los terroristas”, término con el que el Ejecutivo se refiere a las pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Según el Gobierno, endurecer las penas busca impedir que líderes criminales recuperen su libertad o continúen operando desde fuera de prisión.

La reforma se suma a una serie de cambios legales adoptados en los últimos años, que incluyen el aumento de penas, la ampliación de delitos vinculados al terrorismo y la restricción de beneficios penitenciarios. Este conjunto de medidas ha consolidado un modelo centrado en el encarcelamiento prolongado como respuesta principal a la criminalidad.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la política de seguridad del Gobierno. En recientes informes han señalado posibles “crímenes de lesa humanidad”, al denunciar detenciones masivas sin garantías judiciales, malos tratos y muertes bajo custodia. También advierten que miles de detenidos no tendrían vínculos con pandillas.

El Ejecutivo rechaza estas acusaciones y sostiene que la estrategia ha reducido de forma drástica los homicidios y debilitado a las estructuras criminales. La aprobación de la prisión perpetua refuerza ese enfoque y envía un mensaje de que los delitos más graves no tendrán retorno a la libertad, en un país que ya registra una de las mayores tasas de encarcelamiento del mundo.