Quibdó, 17 de marzo de 2026 – La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció el inicio de un nuevo paro armado impuesto por el ELN en el municipio de Bajo Baudó que mantiene confinadas a más de 6.000 personas en comunidades ribereñas. La medida comenzó a la medianoche y afecta la movilidad en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa, donde la población no puede desplazarse para acceder a alimentos, atención médica o actividades escolares.

Según la mandataria, el grupo armado ordenó restricciones que implican riesgos para quienes las incumplan, lo que ha generado un ambiente de temor entre los habitantes. “Desde las 00:00 horas ha comenzado un nuevo constreñimiento ilegal”, señaló Córdoba en un mensaje público, en el que advirtió que estas acciones paralizan la vida cotidiana en la zona.

El anuncio coincide con un ataque reciente contra la estación de Policía del corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Río Iró. De acuerdo con información preliminar de la Policía, al menos un dron cargado con explosivos lanzó dos artefactos que impactaron la infraestructura. Aunque no se reportaron uniformados heridos ni daños estructurales graves, el hecho causó pánico entre los habitantes.

Las autoridades atribuyen tanto el paro armado como el ataque al Ejército de Liberación Nacional, particularmente a estructuras del Frente de Guerra Occidental que operan en la región. La estación de Santa Rita ya había sido blanco de acciones armadas en años anteriores, lo que refuerza la preocupación de la comunidad ante nuevos episodios de violencia.

La gobernadora insistió en que este tipo de medidas tienen efectos inmediatos sobre la población civil, al detener actividades económicas, educativas y de salud. En episodios previos, ha alertado que los confinamientos en el departamento han llegado a afectar a decenas de miles de personas, especialmente en zonas rurales con alta presencia de comunidades afro e indígenas.

La Defensoría del Pueblo ha advertido en distintas ocasiones que los paros armados del ELN constituyen una violación de las libertades de la población civil y del Derecho Internacional Humanitario. El organismo ha documentado afectaciones a decenas de comunidades étnicas en el Chocó, donde las restricciones impiden el acceso a servicios básicos y generan riesgos de desabastecimiento.

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El contexto de estos hechos está marcado por la disputa entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia por el control de corredores estratégicos para economías ilegales como el narcotráfico y la minería. Esta confrontación ha intensificado los episodios de violencia y los confinamientos en distintas cuencas del departamento.

El uso de drones con explosivos, como el reportado en Santa Rita, refleja además una adaptación de los grupos armados a nuevas formas de ataque en zonas de difícil acceso, lo que incrementa la vulnerabilidad de pequeñas poblaciones.

Hasta el momento no se ha publicado un censo oficial detallado de las comunidades afectadas por este nuevo paro armado, mientras las autoridades locales mantienen el llamado al Gobierno nacional para reforzar la presencia institucional y atender la crisis humanitaria en la región.