Bogotá, 17 de marzo de 2026 – La Procuraduría General de la Nación concluyó que la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un menor con hemofilia fue consecuencia de la negligencia de la Nueva EPS al interrumpir la entrega de un medicamento vital. El niño permaneció cerca de dos meses sin recibir Emicizumab, terapia clave para prevenir hemorragias graves, debido a deudas de la aseguradora con el prestador encargado del suministro.

Según el informe, la suspensión del medicamento no respondió a criterios médicos sino a problemas financieros. La entidad Medicarte, responsable de entregar el medicamento, detuvo el tratamiento para todos sus pacientes ante la falta de pago. La situación dejó al menor sin acceso continuo a la terapia que requería para controlar su enfermedad.

El documento también advierte que, antes de su fallecimiento, Kevin no tenía un prestador de salud formalmente asignado. La IPS Integral, que debía asumir los casos tras la suspensión en Medicarte, tampoco logró garantizar la atención por falta de recursos girados por la Nueva EPS. Esto generó un vacío asistencial que impidió mantener el tratamiento.

La Procuraduría calificó estos hechos como una cadena de omisiones atribuible a la aseguradora, que conocía la condición del menor y la necesidad de continuidad en su terapia. El organismo sostuvo que la interrupción del tratamiento fue un factor determinante en el desenlace fatal, dado que la hemofilia exige suministro constante de medicamentos para evitar complicaciones severas.

El informe será remitido a la Fiscalía General de la Nación para evaluar posibles responsabilidades penales, mientras que el Ministerio Público anunció la apertura de un proceso disciplinario contra directivos y funcionarios involucrados. Las investigaciones buscarán establecer si hubo conductas que configuren delitos relacionados con la omisión en la prestación del servicio de salud.

Además, la Procuraduría alertó que alrededor de 2.000 pacientes se encuentran en riesgo por situaciones similares, al depender de terapias suspendidas por problemas de pago. El organismo hizo un llamado a las autoridades de salud para intervenir y garantizar la continuidad de los tratamientos, con el fin de evitar nuevos desenlaces fatales.