Bogotá, 17 de marzo de 2026 – La candidata presidencial Paloma Valencia anunció que demandará el Decreto 0234 de 2026, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, al considerar que vulnera la autonomía empresarial y fortalece de forma excesiva a los sindicatos. La norma, firmada por el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, reglamenta la negociación colectiva por niveles y permite acuerdos no solo a nivel de empresa, sino también por sector, rama de actividad o grupo empresarial.

Valencia afirmó que el decreto “prácticamente le entrega el manejo de las empresas a los sindicatos” y cuestionó disposiciones como la posibilidad de extender convenios colectivos a varias compañías y el cobro de aportes a trabajadores no afiliados que se beneficien de esos acuerdos. También sostuvo que la norma abre la puerta al acceso sindical a información sensible, una interpretación que ha sido discutida por expertos.

El decreto está vigente desde el 6 de marzo y ha generado una fuerte controversia. El Ministerio de Trabajo lo defiende como un instrumento para garantizar la libertad sindical y cumplir compromisos internacionales, en línea con los convenios 98 y 154 de la OIT. La norma introduce mesas de negociación sectorial y establece reglas de representatividad, además de un esquema de contribuciones para trabajadores beneficiarios de convenciones colectivas, aunque no estén afiliados.

Gremios empresariales advierten que la negociación por niveles superiores puede elevar costos laborales y limitar la capacidad de cada empresa para fijar condiciones según su realidad, con un impacto mayor en micro, pequeñas y medianas empresas. Las centrales obreras, en cambio, respaldan la medida y la presentan como un avance para ampliar la cobertura de la negociación colectiva en un país con baja sindicalización.

El decreto retoma elementos de la fallida reforma laboral que no prosperó en el Congreso, lo que ha abierto cuestionamientos sobre un posible exceso en la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Analistas coinciden en que la figura de aportes para no afiliados se basa en la “cuota de solidaridad” ya existente, aunque su alcance ahora es más amplio.

Valencia también enmarcó la expedición del decreto en el contexto electoral y sugirió que busca favorecer al candidato Iván Cepeda mediante el respaldo sindical, un señalamiento que se suma a la polarización política alrededor de la reforma laboral.

En el corto plazo, se prevé la presentación de demandas ante el Consejo de Estado que podrían definir si el Gobierno se excedió en sus facultades. Mientras tanto, el país entra en una fase de implementación que incluye la definición de sectores de negociación y reglas operativas, un proceso que anticipa nuevos litigios entre sindicatos, empresas y el Estado.