Bogotá, 16 de marzo de 2026 – El presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación inmediata de todas las EPS en quiebra, luego del hundimiento de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. La instrucción fue dada en el Consejo de Ministros del 16 de marzo a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en medio de la crisis financiera del sistema. El mandatario descartó que el Estado asuma la deuda acumulada de estas entidades, estimada en 50 billones de pesos, y advirtió que hacerlo pondría en riesgo la estabilidad fiscal del país.

Según explicó, tras el fracaso legislativo “ya no queda sino este último trato”, en referencia a la liquidación de las EPS con problemas de solvencia. La reforma archivada contemplaba un mecanismo de salvamento financiero que no logró respaldo en el Congreso, lo que llevó al Gobierno a descartar esa vía.

La decisión se produce en medio de tensiones con el poder judicial. El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió provisionalmente el Decreto 0182 de 2026, que buscaba reorganizar el sistema limitando el número de EPS por municipio y trasladando millones de afiliados entre entidades. La medida incluía el traslado de cerca de seis millones de usuarios, de los cuales unos 2,6 millones pasarían a la Nueva EPS.

El tribunal advirtió riesgos de colapso en cientos de municipios donde podría quedar una sola EPS o ninguna, además de dudas sobre la capacidad operativa de la Nueva EPS para absorber esa demanda. Petro interpretó esta decisión como parte de un bloqueo institucional que, según afirmó, ha impedido implementar su modelo de salud.

En ese contexto, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de un tratamiento diferenciado para la Nueva EPS, de la cual el Estado es copropietario. Señaló que esta entidad podría evitar la liquidación si se reconoce la deuda que el propio Estado mantiene con ella.

El sistema de salud continúa operando sin la reforma estructural propuesta por el Ejecutivo, mientras persisten problemas de liquidez en múltiples EPS. Hospitales, clínicas y proveedores reportan retrasos en pagos y dificultades financieras que han puesto en riesgo la prestación de servicios.

El conflicto se remonta al inicio del gobierno Petro, que planteó transformar el modelo de aseguramiento creado por la Ley 100 de 1993. Desde entonces, los proyectos de reforma han enfrentado resistencias políticas, advertencias de gremios médicos y observaciones de organismos de control sobre la situación financiera del sector.

En los últimos años, el Congreso ha hundido varias iniciativas del Ejecutivo, lo que llevó al Gobierno a intentar cambios mediante decretos e intervenciones administrativas. Sin embargo, varias de esas medidas también han sido frenadas por decisiones judiciales.

La deuda acumulada entre EPS y prestadores refleja una crisis estructural del sistema, con recursos públicos que no logran traducirse en pagos oportunos a hospitales y clínicas. El Gobierno sostiene que asumir ese pasivo implicaría trasladar pérdidas privadas al presupuesto nacional.

En el corto plazo, el Ministerio de Salud y la Superintendencia deberán definir cuáles EPS entrarán en proceso de liquidación. La medida genera incertidumbre sobre la continuidad en la atención de millones de usuarios, especialmente en regiones con pocas alternativas de aseguramiento.

El Ejecutivo anunció que volverá a presentar la reforma a la salud en la próxima legislatura, junto con una nueva reforma tributaria para financiar el rediseño del sistema. El futuro del modelo dependerá de la capacidad del Gobierno para construir mayorías en el Congreso y superar los obstáculos judiciales que han frenado sus iniciativas.