Bogotá, 15 de marzo de 2026 – La senadora Isabel Cristina Zuleta radicó denuncias disciplinarias y fiscales contra Empresas Públicas de Medellín por presunta participación indebida en política durante el Congreso Nacional de Municipios realizado en Cartagena entre este 11 y 13 de marzo. La congresista pide investigar si la presencia institucional de la empresa coincidió con la intervención del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella en el evento.

Las denuncias fueron presentadas ante la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Los organismos deberán establecer si hubo uso de recursos públicos o de la imagen institucional de la empresa en un escenario que pudo favorecer a un candidato presidencial.

El Congreso Nacional de Municipios, organizado por la Federación Colombiana de Municipios en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala de Cartagena, reunió a alcaldes, gobernadores, funcionarios del Gobierno y actores de la contienda presidencial. Según la denuncia, EPM tuvo presencia institucional en el evento mediante publicidad, elementos de marca y espacios de exhibición.

Zuleta sostiene que esa visibilidad coincidió con la intervención de De la Espriella, quien participa en la contienda presidencial. En su criterio, esa coincidencia podría configurar participación política incluso si no existió un llamado explícito al voto, debido a que se trataría de recursos y visibilidad de una empresa pública en un escenario con contenido electoral.

La congresista solicitó a los entes de control establecer si se destinaron recursos para patrocinios, stands, viajes o piezas de comunicación durante las jornadas del congreso. Según explicó, de confirmarse ese tipo de inversión institucional en un contexto de promoción política podría vulnerar las normas que obligan a las entidades estatales a mantener neutralidad en procesos electorales.

Señalamientos a directivos

En los documentos radicados, la senadora identifica como responsables políticos y administrativos al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien preside la junta directiva de EPM, y al gerente general de la empresa, John Maya Salazar. La denuncia busca que ambos expliquen los criterios que llevaron a la compañía a participar en el congreso en los términos señalados.

Zuleta pidió a las autoridades determinar si la presencia institucional de la empresa se limitó a la divulgación de servicios o si, por el contexto del evento, terminó asociándose con la promoción de una candidatura presidencial.

“Esperamos que actúen con prontitud y protejan nuestra empresa pública prestadora de servicios”, afirmó la senadora al anunciar las denuncias.

Hasta la tarde hoy no se conocían pronunciamientos públicos de EPM ni de sus directivos sobre las acusaciones. Tampoco se habían registrado declaraciones del alcalde de Medellín o del gerente de la compañía en respuesta al señalamiento.

En el plano jurídico, la participación indebida en política se configura cuando servidores públicos o entidades estatales utilizan cargos, recursos, bienes o imagen institucional para favorecer campañas o candidatos. Estas conductas pueden derivar en sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría y en hallazgos fiscales de la Contraloría cuando existe uso de recursos públicos.

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En el caso de empresas de servicios públicos con capital mayoritariamente estatal, como EPM, también interviene la Superintendencia de Servicios Públicos, encargada de vigilar que la actuación de estas entidades se mantenga dentro de su objeto social y respete las reglas de neutralidad política.

La controversia surge en un escenario frecuente en años electorales. El Congreso Nacional de Municipios funciona como un espacio de discusión sobre asuntos territoriales y gestión pública, pero también se convierte en una vitrina para aspirantes presidenciales y líderes políticos que buscan interlocución con autoridades locales. En ese contexto, la presencia institucional de empresas públicas puede generar cuestionamientos sobre el uso de su imagen y recursos en medio de la competencia política.