Bogotá, 15 de marzo de 2026 – La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a ocho exintegrantes del Ejército por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas en el departamento de Nariño entre 2001 y 2012. La decisión se enmarca en el Caso 02, que investiga la situación territorial de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el Pacífico sur colombiano.

La Sala de Reconocimiento atribuyó a los exmilitares responsabilidad en patrones de violencia contra población civil que incluyen homicidios, desplazamientos forzados, persecución a líderes comunitarios y graves afectaciones al territorio y a la naturaleza. Según la investigación, las víctimas pertenecen principalmente a comunidades afrocolombianas, al pueblo indígena Awá, al pueblo indígena Eperara Siapidara y a comunidades campesinas de una región donde más del 90 por ciento de la población se reconoce como parte de un pueblo étnico.

La imputación representa la primera vez que la JEP señala de manera formal a miembros de la fuerza pública dentro del Caso 02 por su papel en la victimización de estas comunidades. La decisión complementa imputaciones realizadas entre 2023 y 2024 contra 15 exintegrantes de las FARC-EP por crímenes cometidos en el mismo territorio.

El proceso judicial establece que los ocho exmilitares deberán responder ante la jurisdicción transicional. Si aceptan responsabilidad y aportan verdad plena podrán acceder a sanciones propias de carácter restaurativo. En caso de rechazar los cargos o entregar versiones falsas, enfrentarían sanciones más cercanas a las penas ordinarias.

El Caso 02 fue abierto en 2018 para investigar graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas entre 1990 y 2016 en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. Estos municipios han sido señalados por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos como escenarios de violencia sistemática contra pueblos étnicos en medio de la disputa entre guerrilla, fuerza pública, grupos paramilitares y economías ilegales.

Las investigaciones de la JEP han documentado patrones de control territorial armado, desplazamientos masivos y daños a territorios colectivos y ancestrales. En este proceso, la jurisdicción también ha reconocido el territorio como víctima del conflicto, al considerar que la violencia afectó no solo a las comunidades sino también sus espacios culturales, ambientales y espirituales.

La nueva imputación abre una etapa procesal en la que los exmilitares deberán presentar sus versiones ante la JEP. En paralelo, las comunidades afrocolombianas, Awá, Eperara Siapidara y campesinas podrán participar en audiencias y procesos de contraste de verdad para esclarecer lo ocurrido en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado colombiano.