Bogotá, 14 de marzo de 2026 – La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preventiva para establecer si medios públicos fueron utilizados con fines políticos durante las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026 en Colombia. La actuación surge tras observaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que advirtió posibles desequilibrios en la cobertura de la campaña.

El ente de control busca verificar si el sistema estatal de radio y televisión respetó los principios de pluralismo, equilibrio y transparencia en la difusión de información electoral. Según denuncias y reportes preliminares, medios financiados con recursos públicos habrían otorgado mayor visibilidad al presidente Gustavo Petro, a su gobierno y a la coalición oficialista Pacto Histórico, así como a la consulta denominada Frente por la Vida, mientras las fuerzas opositoras habrían recibido menor cobertura.

La misión europea presentó el 10 de marzo una declaración preliminar basada en el trabajo de 145 observadores desplegados en 30 departamentos. En ese documento señaló un patrón de trato desigual en medios estatales como RTVC y Señal Colombia frente a partidos opositores. El informe también indicó que los medios privados nacionales ofrecieron una cobertura más equilibrada en términos de tiempo asignado a las distintas fuerzas políticas, aunque con un tono frecuentemente crítico hacia el Ejecutivo.

En el marco de la actuación preventiva, la Procuraduría solicitó información al sistema de medios públicos RTVC, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Consejo Nacional Electoral. Los requerimientos incluyen detalles sobre gobernanza, financiamiento, criterios de programación y mecanismos de supervisión aplicados durante la campaña.

La diligencia está a cargo de la Procuraduría Tercera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Su objetivo es recopilar información para determinar si existen méritos para abrir eventuales investigaciones disciplinarias.

El Ministerio Público señaló que la actuación busca verificar el cumplimiento de los principios que rigen la actividad electoral y el pluralismo informativo, sin interferir en la línea editorial de los medios ni en el ejercicio periodístico.

En paralelo, el procurador delegado Juan Carlos Villamil Navarro advirtió que publicaciones del presidente Petro en redes sociales, replicadas por medios y cuentas públicas, han afectado la confianza en el proceso electoral. La observación internacional también reportó el uso de perfiles institucionales de entidades públicas para difundir mensajes con contenido político durante la campaña.

La misión de la Unión Europea continuará su presencia en el país hasta las elecciones presidenciales de 2026 y presentará un informe final con recomendaciones sobre el entorno electoral y mediático.