Bogotá, 11 de marzo de 2026 – El Ministerio de Hacienda de Colombia reconoció oficialmente un faltante de 5,29 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación de 2026, resultado de que el Congreso aprobó gastos por cerca de 547 billones mientras los ingresos legalmente disponibles suman 541,73 billones. El reconocimiento fue incluido en el informe económico del propio ministerio, que advierte un desbalance entre lo autorizado para gastar y las fuentes de financiación vigentes.

El Gobierno explicó que el hueco fiscal se originó por dos factores. Primero, el Congreso no aprobó la ley de financiamiento con la que el Ejecutivo buscaba completar los ingresos del presupuesto. Segundo, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente los decretos tributarios que el Gobierno había expedido bajo una declaratoria de emergencia económica para recaudar recursos adicionales.

Tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso a finales de 2025, el Ejecutivo declaró un estado de Emergencia Económica y Social mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de ese año. Bajo esa figura se expidió el Decreto Legislativo 1474, que creó medidas tributarias temporales dirigidas a cubrir parte del déficit presupuestal de 2026.

La Corte Constitucional suspendió provisionalmente tanto el decreto de emergencia como las medidas tributarias asociadas mediante el Auto 082 del 29 de enero de 2026, mientras estudia su constitucionalidad. Con esa decisión quedaron sin efecto las nuevas fuentes de recaudo previstas por el Gobierno.

Durante el breve período en que estuvieron vigentes, esas medidas tributarias solo generaron ingresos por 1,66 billones de pesos, una fracción del faltante identificado en el presupuesto.

Las cifras fiscales recientes reflejan la presión sobre las cuentas públicas. A finales de febrero de 2026, los ingresos del Gobierno nacional alcanzaban 93,5 billones de pesos, equivalentes al 17,3 por ciento de lo proyectado para todo el año, mientras los compromisos de gasto ya sumaban 140,6 billones, el 25,7 por ciento del total anual.

El Ministerio de Hacienda sostiene que el diseño institucional del presupuesto permite que se produzcan desajustes de este tipo, ya que el Congreso aprueba el nivel de gasto mientras las fuentes de ingreso se estructuran por otras vías y dependen de reformas o medidas tributarias posteriores.

El problema se agrava por la rigidez del gasto público. Cerca del 93 por ciento del presupuesto está comprometido en obligaciones legales como pensiones, salud, servicio de la deuda y transferencias a las regiones, lo que limita la posibilidad de recortes rápidos.

El faltante fiscal se produce además en medio de presiones en sectores como salud, energía y subsidios sociales, donde el Gobierno ha advertido necesidades adicionales de financiación.

Por ahora el Ejecutivo deberá operar con el desbalance reconocido mientras la Corte decide de fondo sobre la emergencia económica. En ese escenario, las alternativas incluyen ajustes en la ejecución del gasto, reasignaciones presupuestales, mayor endeudamiento dentro de los límites fiscales o un nuevo intento de reforma tributaria en el Congreso.