Bogotá, 12 de marzo de 2026 – El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha expedido un paquete de siete decretos de emergencia económica con el fin de recaudar más de 8,6 billones de pesos. Las nuevas medidas tributarias, que afectan a las apuestas en línea, los grandes patrimonios y las normalizaciones fiscales, buscan financiar la atención a la crisis causada por la temporada de lluvias de 2026, que ha dejado graves daños en varios departamentos del país.

El decreto más relevante de este paquete es la creación de un impuesto del 16% sobre las apuestas en línea, aprobado ayer 12 de marzo mediante el Decreto 0240. Este tributo recaerá sobre los depósitos realizados por los usuarios en plataformas de juegos de azar por internet, ya sean estos en dinero, transferencias o criptomonedas. El Gobierno justifica este impuesto al argumentar que el sector de las apuestas en línea presenta una alta capacidad contributiva, lo que lo convierte en un objetivo clave para aumentar el recaudo fiscal en medio de la emergencia.

Medidas fiscales adicionales y reactivación de impuestos suspendidos

Además del nuevo tributo sobre las apuestas, el paquete de medidas incluye la reactivación de impuestos previamente suspendidos por la Corte Constitucional. Entre ellos se destaca un impuesto al patrimonio que afectará a personas naturales y jurídicas con patrimonios superiores a 200.000 UVT, lo que equivale a más de 10 billones de pesos. Los contribuyentes deberán pagar este tributo en dos plazos. El 50% hasta el próximo 30 de abril y el resto hasta 1 de junio.

En contexto: Corte Constitucional suspende emergencia económica de Petro

Asimismo, se establece un impuesto de normalización tributaria del 19% dirigido a aquellos contribuyentes con activos no declarados o pasivos inexistentes al 1 de abril. Esta medida, que incluye un esquema de amnistía tributaria, permitirá a los contribuyentes regularizar sus obligaciones sin enfrentar sanciones penales, siempre y cuando cumplan con los plazos establecidos.

El gobierno ha defendido estas medidas como necesarias y urgentes para afrontar la crisis social y económica derivada de la temporada de lluvias, que ha afectado a departamentos como Córdoba, Antioquia, Chocó, Bolívar y La Guajira. Sin embargo, la controversia política y jurídica sobre el uso del estado de emergencia para legislar en materia tributaria ha generado críticas, especialmente por parte de la oposición y expertos constitucionalistas.

En contexto: Gobierno Petro decreta oficialmente emergencia económica por ola invernal en Córdoba

El paquete de medidas se implementa en un contexto de recortes al presupuesto general de la nación y el fracaso de varias reformas tributarias que buscaban aumentar los ingresos fiscales. A pesar de las críticas, el Gobierno sostiene que los recursos recaudados servirán para financiar la reconstrucción de infraestructura y programas de apoyo social para los departamentos más golpeados por las lluvias.

El caso sigue en revisión por parte de la Corte Constitucional, que deberá determinar si las medidas adoptadas cumplen con los requisitos de «conexidad» establecidos por la Constitución para el uso de la emergencia económica. La resolución de este tema podría tener implicaciones importantes para la implementación de los nuevos impuestos.