Bogotá, 11 de marzo de 2026 – El presidente, Gustavo Petro, denunció que empresas privadas vinculadas a la logística electoral estarían interviniendo en la inscripción de jurados de votación y en el manejo de datos del proceso electoral, lo que, según afirmó, permitiría favorecer a determinadas candidaturas. Las acusaciones fueron difundidas en mensajes publicados en la red X y en intervenciones públicas después de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

Petro sostuvo que algunas empresas inscribirían ciudadanos como jurados y que estos terminarían integrando mesas de votación con perfiles políticamente alineados, lo que calificó como “mesas homogéneas”. Según el mandatario, esa conformación permitiría manipular el diligenciamiento de formularios electorales como el E-14 durante el conteo inicial de votos en las mesas.

El presidente acompañó sus denuncias con imágenes de actas E-14 que, a su juicio, evidenciarían inconsistencias entre los votos consignados y los resultados reales de ciertas listas. Entre los casos mencionados se encuentran actas relacionadas con el movimiento Creemos, fundado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Petro sostiene que estos registros podrían mostrar adulteraciones en el conteo realizado en mesa.

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Las críticas del mandatario también apuntan al papel de empresas privadas en la infraestructura tecnológica y logística de las elecciones. Petro afirmó que la firma Thomas Greg & Sons y su filial ASD han concentrado la mayoría de contratos asociados a procesos electorales desde 2007. Según sus cifras, 26 de 27 contratos en ese periodo habrían sido adjudicados a esa compañía o a consorcios liderados por ella, con un valor acumulado de 4,4 billones de pesos.

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De acuerdo con el presidente, el contrato más reciente para servicios electorales alcanzaría los 2,75 billones de pesos. Petro también aseguró que cerca del 92% de las actividades del proceso electoral de 2026, entre ellas preconteo, digitación, consolidación de datos y logística de kits electorales, estarían bajo operación de proveedores privados.

En sus declaraciones, el mandatario afirmó que las llamadas que realizan los jurados desde las mesas de votación no ingresarían directamente a la Registraduría sino a centros operados por empresas contratistas. Según su versión, estos centros manejarían formularios en blanco y podrían intervenir la información antes de su incorporación al sistema oficial.

Petro aseguró además que su gobierno posee un documento técnico de 150 páginas elaborado por expertos que recopilaría presuntas irregularidades en elecciones anteriores, entre ellas las legislativas de 2014 y los comicios de 2022. El mandatario anunció que el informe será entregado a la Fiscalía General de la Nación y a organismos nacionales e internacionales de observación electoral.

Las denuncias también hacen referencia a una sentencia del Consejo de Estado relacionada con la demanda presentada por el partido MIRA por las elecciones al Senado de 2014. Ese fallo ordenó al Estado implementar un software propio y auditable para el manejo de votos en mesa y escrutinios. Petro afirma que la Organización Electoral no ha cumplido plenamente esa orden judicial.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil ha defendido la integridad del sistema electoral colombiano. La entidad ha señalado que la votación se realiza con tarjetones en papel y que el conteo inicial es efectuado manualmente por los jurados de votación. También ha recordado que el preconteo tiene carácter informativo y que los resultados oficiales se establecen durante los escrutinios.

La institución explicó que las empresas privadas contratadas participan en la transmisión, digitalización y consolidación de los datos, pero no determinan el contenido de los formularios diligenciados en las mesas. Además, ha anunciado auditorías técnicas nacionales e internacionales sobre los sistemas tecnológicos utilizados en el proceso electoral.

La Misión de Observación Electoral ha coincidido en señalar que el país no ha cumplido plenamente con la obligación de desarrollar software público para los escrutinios, como ordenó el Consejo de Estado. Sin embargo, la organización no ha presentado denuncias de fraude estructural y ha insistido en la necesidad de fortalecer la transparencia tecnológica y la veeduría ciudadana.

Las denuncias del presidente se producen en medio del ciclo electoral de 2026 y en un contexto de tensión política entre el Gobierno y sectores de la oposición. Hasta ahora no se conocen decisiones de fondo de la Fiscalía, la Contraloría o la Procuraduría sobre las acusaciones ni pronunciamientos detallados de las empresas mencionadas frente a los señalamientos recientes. La noticia fue redactada aplicando los criterios editoriales establecidos para el medio TP.