Bogotá, 11 de marzo de 2026 – La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al excandidato al Senador Freddy Camilo Gómez Castro, avalado por el Partido de la U, por su presunta participación en una red de corrupción que habría favorecido las operaciones de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. En la misma actuación judicial fueron vinculados otros cinco procesados, entre ellos al menos cuatro exintegrantes de la Policía Nacional. Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
La imputación se realizó ante un juez de control de garantías de Bogotá dentro de una investigación que relaciona a Gómez Castro con el presunto entramado de apoyo institucional al contrabandista Marín Buitrago. La Fiscalía le atribuyó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias. Tras la audiencia, el juez legalizó la captura del excandidato y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.
Según la Fiscalía, Gómez Castro, quien también se desempeñó como funcionario del gobierno de Gustavo Petro, habría actuado como un articulador político dentro de la estructura criminal. El ente acusador sostiene que su papel consistía en gestionar contactos y favores con funcionarios públicos para facilitar el ingreso, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando en el país.
La captura ocurrió el 8 de marzo de 2026 en Bogotá, durante la jornada de elecciones legislativas. La investigación lo vincula con una red que, de acuerdo con la Fiscalía, coordinaba el pago de sobornos y la influencia sobre autoridades encargadas del control aduanero para reducir o evitar inspecciones a cargamentos ilegales.
En el mismo expediente la Fiscalía imputó cargos a varios exintegrantes de la Policía Nacional, algunos de ellos vinculados a la Policía Fiscal y Aduanera, unidad encargada de vigilar el comercio exterior y combatir el contrabando. El ente acusador considera que estos exuniformados habrían recibido dinero y otras dádivas para permitir el paso de mercancía ilegal por puertos como Barranquilla, Cartagena y Buenaventura entre 2023 y 2024.
Durante la audiencia, la Fiscalía afirmó que los procesados harían parte de una “estructura de corrupción que favoreció a Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, en sus actividades de contrabando”. Según la acusación, la organización buscaba influir en decisiones de funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para disminuir controles sobre la mercancía ilegal.
El ente investigador también argumentó que la red tenía una estructura estable en el tiempo. De acuerdo con la investigación, el grupo intentaba asegurar la continuidad de sus operaciones mediante el contacto con funcionarios que reemplazaban a quienes salían de los cargos de control en puertos y zonas aduaneras.
La Fiscalía solicitó la imposición de medidas privativas de la libertad al considerar que existe riesgo de obstrucción a la justicia, posible fuga y continuidad de las conductas investigadas. El juez acogió los argumentos del ente acusador y ordenó que Gómez Castro permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.
De acuerdo con la acusación presentada por el ente investigador, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 Marín Buitrago habría entregado al menos 1.019 millones de pesos en sobornos a integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera en puertos como Cartagena y Buenaventura. La Fiscalía afirma que tiene registros de múltiples reuniones en las que se habrían pactado pagos y acuerdos para permitir el paso de cargamentos de contrabando.
Marín Buitrago fue detenido en Portugal y su extradición hacia Colombia fue autorizada por las autoridades judiciales de ese país. Sin embargo, el proceso permanece pendiente mientras se resuelve una solicitud de asilo presentada por su defensa ante la justicia portuguesa.
En la audiencia de imputación, las defensas de Gómez Castro y de los exuniformados se limitaron a no aceptar los cargos. Hasta ahora no se han conocido pronunciamientos extensos de los abogados sobre los hechos descritos por la Fiscalía. Tampoco el Partido de la U ha emitido una posición detallada frente a las acusaciones contra su excandidato.
La investigación continúa en etapa preliminar y el avance del proceso dependerá de la valoración judicial de las pruebas sobre pagos, reuniones y posibles gestiones ante funcionarios públicos relacionadas con la red de contrabando investigada.
TENDENCIA POLÍTICA 
Deja un comentario