Bogotá, 11 de marzo de 2026 – Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un penthouse en Bogotá. La audiencia se realizó el 10 de marzo de 2026 ante un juez de control de garantías, quien declaró legal la formulación de cargos.
La investigación se centra en la compra del apartamento 901, un penthouse ubicado en el norte de Bogotá que Roa adquirió en diciembre de 2022. Según la Fiscalía, el inmueble fue vendido entre 30% y 34% por debajo de su valor de mercado, lo que para el ente acusador constituiría un beneficio económico vinculado a presuntas gestiones del directivo a favor del empresario que se lo vendió.
La fiscal Claudia Emilia Garrido Durán, de la Dirección Especializada contra la Corrupción, sostuvo que entre agosto de 2024 y enero de 2025 Roa habría utilizado su cargo como presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares. Según la funcionaria, el directivo participó en juntas directivas de filiales de la petrolera estatal, entre ellas Hocol, donde se adoptaron decisiones relacionadas con un proyecto de regasificación que involucraba empresas vinculadas al empresario Juan Guillermo Mancera.
La investigación por tráfico de influencias parte de la hipótesis de que el descuento en la venta del apartamento habría sido una ventaja indebida. Según la Fiscalía, esa ventaja estaría relacionada con decisiones tomadas posteriormente en filiales de Ecopetrol que habrían beneficiado a empresas vinculadas con el empresario Mancera.
Durante la audiencia, Garrido afirmó ante el juez que Roa “de manera indebida utilizó su cargo para favorecer intereses particulares en contravía de sus deberes funcionales”. La Fiscalía sostiene que esas decisiones habrían beneficiado a empresas relacionadas con Mancera, quien previamente le vendió el apartamento con un descuento significativo.
Objeciones de la defensa
La defensa del presidente de Ecopetrol pidió al juez no validar la imputación. El abogado Juan David León Quiroga argumentó que la Fiscalía presentó una “imputación oscura” y que no explicó con precisión cómo la compra de un inmueble podría configurar el delito de tráfico de influencias.
La defensa sostuvo que el ente acusador no delimitó con claridad los hechos jurídicamente relevantes ni la relación entre la adquisición del apartamento y decisiones contractuales dentro de Ecopetrol. A pesar de esa objeción, el juez concluyó que la Fiscalía presentó un relato mínimo de hechos y una hipótesis penal suficiente para continuar el proceso.
Tras esa decisión, el juez avaló la legalidad de la imputación y permitió que la investigación avance hacia la siguiente etapa procesal. Con la imputación formalizada, la Fiscalía deberá preparar el escrito de acusación para llevar el caso a juicio dentro de los plazos establecidos por el Código de Procedimiento Penal.
La defensa sostiene que la compra de un inmueble no constituye delito y que no existe demostración clara de una relación entre esa transacción y decisiones contractuales dentro de la petrolera estatal.
El caso se suma a otro frente judicial que enfrenta el presidente de Ecopetrol. En febrero de 2026, la Fiscalía lo imputó por presunta violación de topes de financiación en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, en la que Roa se desempeñó como gerente.
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Roa asumió la presidencia de Ecopetrol en 2023. La junta directiva de la compañía lo ha respaldado públicamente frente a los procesos judiciales y ha señalado que se respetará la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones. El desarrollo del proceso penal podría incidir en su continuidad al frente de la principal empresa estatal del país.
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