EN SÍNTESIS
El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, denunció durante la jornada electoral de 2026 que el registrador departamental de Córdoba habría recibido 100 millones de pesos a cambio de sumar mil votos a un candidato. Según el ministro, existe un video en el que el funcionario aparece “recibiendo, pactando o negociando” el pago. Benedetti anunció que entregará el material a la Fiscalía general de la Nación para que verifique su autenticidad e investigue posibles delitos de fraude electoral y cohecho. La acusación se produce en medio de la votación y apunta directamente a un funcionario de la Registraduría, entidad encargada de organizar los comicios, lo que eleva la presión sobre la transparencia del proceso en ese departamento.
EN PROFUNDIDAD
Córdoba, 8 de marzo de 2026 – La denuncia se produjo pocos minutos después de que se abrieran las urnas en el país. En declaraciones públicas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que existe una grabación en la que el registrador departamental de Córdoba aparece supuestamente recibiendo o negociando un pago de 100 millones de pesos para sumar mil votos a un candidato. El funcionario afirmó que el video será entregado a la Fiscalía General de la Nación para que se realice un análisis técnico del material y se determinen eventuales responsabilidades penales.
Benedetti también pidió al registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, que preste “especial atención” a la delegación de la Registraduría en Córdoba ante lo que calificó como acusaciones graves de corrupción electoral. La denuncia se produce mientras el Gobierno mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la jornada electoral junto con organismos de control y autoridades judiciales.
El señalamiento adquiere especial sensibilidad porque involucra a un funcionario de la entidad responsable de organizar y certificar la limpieza de las elecciones. Un registrador departamental supervisa la logística electoral en su territorio, desde la instalación de puestos de votación hasta la consolidación de resultados. Por ello, la hipótesis de que un funcionario de ese nivel pueda negociar paquetes de votos implicaría un problema que trasciende la compra directa de votos y se ubicaría en la fase institucional de administración del proceso.
La denuncia surge en un contexto de alertas en Córdoba, un departamento históricamente marcado por la influencia de maquinarias políticas y el flujo de dinero en campañas. Días antes de la votación, la Policía detuvo a un exconcejal que transportaba 434,7 millones de pesos en efectivo en la vía Montería–Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio, dinero que las autoridades vinculan con presunta compra de votos. Ante ese escenario, el Plan Democracia reforzó operativos en corredores estratégicos del departamento para vigilar el transporte de efectivo y prevenir irregularidades durante la jornada electoral.
En paralelo, el Ministerio del Interior venía promoviendo una estrategia de denuncias ciudadanas contra prácticas de fraude electoral. Benedetti reiteró en los días previos una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar redes de compra de votos. La denuncia sobre el registrador se inserta así en una campaña oficial orientada a incentivar reportes de irregularidades durante la jornada.
La denuncia de Benedetti también se inscribe en una relación tensa entre el ministro y la Registraduría Nacional. En los meses previos a las elecciones, el jefe de la cartera política había cuestionado aspectos logísticos del proceso electoral, incluidos problemas con tarjetones y advertencias sobre posibles irregularidades. En 2025, incluso difundió un video que, según afirmó entonces, evidenciaba manipulación de votos en una votación del Senado sobre una consulta popular.
A ese historial se suma el hecho de que el propio Benedetti enfrenta investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por hechos de años anteriores relacionados con presunta corrupción política y compra de votos en Córdoba. Ese contexto ha marcado la relación del ministro con distintos actores del sistema electoral y judicial.
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Si el material mencionado por el ministro llega a manos de la Fiscalía, el primer paso será verificar la autenticidad del video. De confirmarse indicios de delito, el caso podría derivar en investigaciones penales por fraude electoral o cohecho, además de eventuales procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría.
La presión institucional también recae sobre la Registraduría Nacional, que deberá pronunciarse sobre las acusaciones y determinar si adopta medidas administrativas sobre la delegación departamental mientras avanzan las investigaciones. La respuesta de la entidad será clave para contener el impacto que la denuncia puede tener sobre la confianza en el proceso electoral en Córdoba.
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