EN SÍNTESIS
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que las autoridades han incautado 2.920 millones de pesos en efectivo en al menos 20 operativos realizados en distintas regiones del país en los días previos a las elecciones del 8 de marzo. Las acciones, lideradas por la Policía Nacional y otras entidades del Estado, han dejado 28 personas capturadas mientras se investiga el origen y destino del dinero. Según el Gobierno, una parte significativa de esos recursos estaría vinculada con esquemas de compra de votos y otros delitos electorales. Los decomisos se han registrado en ciudades como Bogotá, Ibagué y municipios de La Guajira y Meta, en medio de un plan de control intensificado para prevenir irregularidades en la jornada electoral.
EN PROFUNDIDAD
Bogotá, 7 de marzo de 2026 – El Gobierno nacional intensificó los operativos contra delitos electorales en los días previos a las elecciones del 8 de marzo, con un balance que ya supera los 2.900 millones de pesos incautados en efectivo en distintas regiones del país. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las autoridades han decomisado 2.920 millones de pesos en al menos 20 procedimientos que, hasta ahora, han dejado 28 personas capturadas.
“El dinero podría tener presuntos nexos con compra y venta de votos”, afirmó Sánchez al presentar el balance el 6 de marzo en la noche. El ministro añadió que los operativos buscan evitar que recursos ilícitos influyan en la jornada electoral y reiteró el llamado a denunciar irregularidades a través de la línea 157 de la Policía.
Las incautaciones se han registrado en distintos puntos del país y reflejan el patrón que las autoridades suelen asociar con redes de compra de votos: grandes sumas de dinero en efectivo transportadas sin justificación clara, en algunos casos junto con material de campaña.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Bogotá. En la localidad de Santa Fe, la Policía capturó a un hombre que transportaba 631 millones de pesos en un morral sin poder explicar su procedencia. El dinero quedó bajo custodia mientras la Fiscalía investiga si estaba destinado a financiar prácticas de compra de votos u otros delitos financieros.
Otro operativo se registró en la vía entre Granada y Villavicencio, en el departamento del Meta. Allí, uniformados hallaron 77,5 millones de pesos ocultos en una maleta dentro de un vehículo. El general William Rincón informó que el capturado deberá responder por lavado de activos y que el dinero presuntamente iba a ser utilizado para compra de votos.
Los reportes oficiales también incluyen incautaciones en Hatonuevo, en La Guajira, y en Ibagué, además de otros municipios donde las autoridades han encontrado sumas significativas de dinero en efectivo acompañadas de propaganda política.
La cifra actual es el resultado de operativos que se han intensificado desde finales de febrero, cuando el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional activaron un plan especial para prevenir delitos contra el sufragio. Entre las conductas bajo vigilancia se encuentran la compra de votos, el constreñimiento al votante y la corrupción al sufragante.
Los primeros balances ya mostraban montos relevantes. El 3 y 4 de marzo, el ministro Sánchez había informado sobre incautaciones que superaban los 400 millones de pesos en Córdoba y otros 145 millones encontrados en Hatonuevo, La Guajira, ocultos en un vehículo junto con material de campaña de un candidato.
Según datos divulgados por las autoridades, para el 4 de marzo ya se habían decomisado 1.760 millones de pesos en 14 casos potencialmente vinculados con delitos electorales durante 2026. Los controles posteriores en carreteras, terminales de transporte y zonas urbanas elevaron la cifra hasta superar los 2.900 millones de pesos a menos de 48 horas de las votaciones.
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El contexto de estas operaciones está marcado por la preocupación recurrente por la compra de votos en procesos electorales colombianos, especialmente en elecciones legislativas donde las estructuras políticas regionales tienen mayor peso. El uso de dinero en efectivo para pagar a votantes o intermediarios ha sido una práctica documentada en distintas regiones durante décadas.
La estrategia actual del Gobierno combina controles policiales en carreteras, vigilancia de movimientos de efectivo y monitoreo de transacciones financieras. El presidente Gustavo Petro también pidió a la Unidad de Información y Análisis Financiero y a los organismos de inteligencia detectar posibles transferencias electrónicas destinadas a financiar esquemas de compra de votos.
Las autoridades han insistido en que el objetivo de los operativos es prevenir irregularidades antes de que se materialicen durante la jornada electoral. Sin embargo, el impacto real de estas incautaciones dependerá de que las investigaciones logren establecer el origen del dinero y determinar si existe vínculo con campañas o estructuras políticas.
La Fiscalía deberá ahora avanzar en los procesos penales contra los capturados y rastrear la procedencia de los recursos decomisados. En varios de los casos conocidos hasta ahora, las personas detenidas son quienes transportaban el dinero, lo que abre la pregunta sobre quién organizó y financió los posibles esquemas detrás de esos recursos.
La evolución de esas investigaciones será determinante para establecer si las incautaciones reflejan operaciones aisladas o la actividad de redes más amplias vinculadas a campañas políticas en plena jornada electoral.
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