EN SÍNTESIS

El Pacto Histórico intensifica en los últimos días la inscripción de testigos electorales para las elecciones legislativas del 8 de marzo. Tras resolver reparos técnicos con el Consejo Nacional Electoral, la coalición de gobierno afirma haber registrado unos 45.000 veedores y proyecta alcanzar al menos 60.000 antes del cierre del proceso. Con ese despliegue, el bloque que respalda al presidente Gustavo Petro aspira a convertirse en la organización con mayor presencia propia en las mesas de votación. El aumento se produce en un contexto de expansión general del sistema de veeduría electoral, el país pasará de cerca de 200.000 testigos en 2022 a un estimado de 750.000 en 2026, impulsado por la digitalización del registro y por la presión política para reforzar el control sobre el conteo de votos.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 7 de marzo de 2026 – A un día de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el Pacto Histórico aceleró el registro de testigos electorales y afirma estar cerca de convertirse en la colectividad con mayor despliegue propio de veedores en las mesas de votación. Voceros de la coalición de gobierno sostienen que ya cuentan con alrededor de 45.000 testigos inscritos en la plataforma del Consejo Nacional Electoral y que la meta es alcanzar al menos 60.000 antes del cierre definitivo del proceso.

El impulso forma parte de una ofensiva de última hora para ampliar la presencia del partido en el sistema de vigilancia electoral. Si se consolida esa cifra, el Pacto Histórico superaría en volumen individual a las demás colectividades, en un proceso que registra un crecimiento inédito del número total de testigos en el país.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, ha señalado que el sistema electoral colombiano podría alcanzar cerca de 750.000 testigos acreditados para la jornada de 2026, una cifra muy superior a los aproximadamente 200.000 que participaron en el ciclo electoral de 2022. El aumento responde en parte a la digitalización del registro mediante la nueva plataforma de Actores Electorales y al llamado de varios partidos —incluido el propio presidente Gustavo Petro— a reforzar la presencia de veedores en las mesas.

Sin embargo, el despliegue del Pacto Histórico no comenzó con ventaja. Los primeros reportes oficiales del CNE, con corte al 15 de febrero, mostraban que el registro de testigos estaba dominado por otras organizaciones políticas. En ese momento el listado lo encabezaban la coalición Cambio Radical–ALMA, el Partido de La U, Alianza por Colombia, el Movimiento Salvación Nacional y la coalición Mira–Colombia Renaciente. En contraste, el Pacto Histórico y el Centro Democrático prácticamente no aparecían en los registros iniciales.

La ausencia generó inquietud dentro del oficialismo, que empezó a denunciar problemas técnicos en la plataforma de inscripción y a cuestionar los tiempos habilitados para el registro. El partido solicitó formalmente ajustes al sistema y expresó preocupaciones sobre los contenidos de capacitación para jurados y la entrega de tarjetones de consulta interpartidista.

Tras una mesa técnica realizada el 20 de febrero entre delegados del Pacto Histórico y autoridades electorales, el CNE introdujo ajustes en la plataforma. El representante a la Cámara Alirio Uribe, uno de los voceros del proceso, confirmó entonces que la colectividad iniciaría de inmediato la carga masiva de testigos y auditores de sistemas en todo el país.

Desde ese momento el Pacto desplegó campañas internas para reclutar voluntarios y registrar veedores, apoyándose en herramientas propias como la plataforma “Cuidado Electoral” y la aplicación “Vigía Electoral”, diseñadas para reportar irregularidades y recopilar información de las mesas durante la jornada.

La figura del testigo electoral cumple un papel central en el sistema colombiano. Estos veedores pueden presenciar la instalación de la mesa, observar el desarrollo de la votación, revisar el conteo de los sufragios y registrar los resultados consignados en los formularios oficiales, incluidos los formularios E-14 utilizados para el preconteo.

Para el Pacto Histórico, ese despliegue responde también a un contexto político marcado por la desconfianza en el sistema electoral. Desde las elecciones de 2022, sectores del petrismo han señalado irregularidades en el proceso de preconteo y en el diligenciamiento de actas, lo que llevó a insistir en la necesidad de reforzar la vigilancia directa del voto.

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La expansión del número de testigos no es exclusiva del oficialismo. En medio de un ambiente de polarización política, varias colectividades han impulsado estrategias similares para asegurar presencia en las mesas y verificar los resultados. Analistas electorales advierten que el aumento generalizado de veedores podría traducirse en un mayor número de reclamaciones durante los escrutinios.

En ese escenario, el despliegue que intenta consolidar el Pacto Histórico apunta a dos objetivos simultáneos, garantizar control directo sobre el conteo de votos y construir una base propia de información electoral que permita contrastar los resultados del preconteo oficial.

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El factor que terminará midiendo el alcance real de esa estrategia será la jornada electoral misma. La magnitud del sistema de testigos —que podría acercarse a tres cuartos de millón de personas en todo el país— anticipa un proceso de escrutinio más vigilado que en ciclos anteriores y coloca a las autoridades electorales ante el desafío de gestionar un volumen potencialmente mayor de reclamaciones y observaciones durante el conteo oficial.