EN SÍNTESIS

Un informe de la Procuraduría General de la Nación identificó a 16 aspirantes al Congreso de la República con sanciones disciplinarias o inhabilidades vigentes que les impedirían ocupar cargos de elección popular. El documento, resultado de la revisión de más de 3.000 candidaturas inscritas para las elecciones legislativas, fue remitido a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral para que evalúen la posible revocatoria de esas inscripciones. Entre los señalados hay aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes avalados por distintos partidos y movimientos políticos.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 7 de marzo de 2026 – El reporte se produce en un momento avanzado de la campaña legislativa. De acuerdo con el documento, once de los candidatos señalados aspiraban a la Cámara de Representantes y cinco al Senado, distribuidos en distintas circunscripciones territoriales y especiales. El procurador general, Gregorio Eljach, explicó que el informe se elaboró tras un proceso técnico de verificación que revisó más de 3.000 hojas de vida de aspirantes inscritos para las elecciones.

Según la entidad, el análisis consistió en cruzar la información de los candidatos con la base de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad, administrado por el propio Ministerio Público. Solo se incluyeron en el reporte aquellos casos donde existen sanciones disciplinarias ejecutoriadas o inhabilidades registradas que, en principio, impedirían ejercer cargos públicos.

La revisión de antecedentes que permitió identificar estos casos forma parte de las funciones de la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de administrar el registro nacional de sanciones disciplinarias e inhabilidades. Para las elecciones legislativas de 2026, el Ministerio Público revisó más de 3.000 hojas de vida de aspirantes inscritos al Senado y la Cámara de Representantes, cruzando la información con el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad para detectar impedimentos legales vigentes.

En ese universo de candidaturas, la Procuraduría identificó 16 aspirantes con sanciones disciplinarias ejecutoriadas o inhabilidades vigentes, una proporción reducida frente al total de inscritos pero suficiente para abrir cuestionamientos sobre la verificación previa de requisitos por parte de los partidos que otorgaron los avales. El informe fue remitido al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que evalúen la legalidad de esas inscripciones.

Entre los aspirantes señalados por la Procuraduría aparecen candidatos de distintas colectividades que registran sanciones disciplinarias o inhabilidades vigentes. En la lista de aspirantes a la Cámara de Representantes figuran Gloria Patricia Fernández Escobar, avalada por el partido Oxígeno en el departamento del Quindío; Alcíber Atuesta Pinillos, del Partido del Trabajo de Colombia por Casanare; Fabián Leonardo Arenas, del Partido Ecologista Colombiano en Huila; y Juan Miguel Valdez Mendoza, inscrito por el grupo significativo de ciudadanos Creo en el Valle del Cauca.

También aparecen Harbey Adolfo Montoya Rodríguez, del Pacto Histórico por Amazonas; Kelly Rojas Betancourt, de Fuerza Ciudadana en el Valle del Cauca; Víctor Hugo Vidal Piedrahíta, avalado por Fuerza por la Paz en la circunscripción de Buenaventura; y Jhon Pahuer Toledo Vásquez, candidato de Fuerza Ancestral en la circunscripción especial indígena. El informe del Ministerio Público no impone sanciones directas sobre las campañas, pero traslada a las autoridades electorales la evaluación jurídica sobre la continuidad de esas candidaturas.

En el caso del Senado, el listado difundido por medios regionales incluye a Nilson Antonio Liz Marín, de la coalición Frente Amplio Unitario; Jonathan Alexander Osorio Chacón, de Alianza por Colombia; y Andrés Felipe Ríos Giraldo, aspirante del Pacto Histórico. La situación de este último ha generado atención adicional porque la Jurisdicción Especial para la Paz solicitó revisar el alcance de su eventual inhabilidad al tratarse de un firmante del acuerdo de paz con sanciones derivadas del conflicto armado. Otros dos aspirantes al Senado también aparecen en el informe remitido al Consejo Nacional Electoral, aunque sus nombres no han sido difundidos ampliamente en las versiones públicas del documento.

La aparición de nombres concretos en el listado se suma a investigaciones de organizaciones civiles y medios que han revisado los antecedentes de los aspirantes al Congreso. La Fundación Paz y Reconciliación, por ejemplo, ha señalado que entre los 3.144 candidatos inscritos hay al menos 195 con investigaciones judiciales, disciplinarias o fiscales relevantes, aunque en la mayoría de los casos no existen sanciones o condenas en firme que generen inhabilidad.

Ahora la decisión sobre las candidaturas señaladas recae en las autoridades electorales. La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral deberán revisar los expedientes de los aspirantes incluidos en el informe, para determinar si las inhabilidades registradas obligan a revocar sus inscripciones o si existen elementos jurídicos que permitan mantenerlas en la contienda electoral.