EN SÍNTESIS

Héctor José Cabrera, hermano de Claudia Cabrera Tarazona, candidata a la Cámara por el Partido de la U, fue secuestrado y asesinado en Policarpa, Nariño, minutos después de ser sacado por hombres armados de su vivienda frente a sus hijos. Su cuerpo fue hallado en el sector rural de La Palma, a pocos minutos del casco urbano. Las primeras hipótesis de las autoridades señalan como posibles responsables a la columna Franco Benavides de las disidencias de las Farc, estructura vinculada al Estado Mayor Central comandado por alias Iván Mordisco. El crimen ocurre a pocos días de las elecciones del 8 de marzo y afecta directamente a la campaña de Claudia. Autoridades locales convocaron un consejo extraordinario de seguridad mientras avanzan las investigaciones.

EN PROFUNDIDAD

Policarpa, 6 de marzo de 2026 – Tras conocerse el crimen, la Gobernación de Nariño convocó un consejo extraordinario de seguridad con participación del Ejército, la Policía, autoridades municipales y organismos de control. El objetivo es coordinar operativos y definir medidas inmediatas de respuesta ante un hecho que ocurre en plena campaña electoral y que involucra a la familia de una candidata con alta visibilidad política en el departamento.

Hasta ahora no hay capturas ni responsables identificados individualmente. Sin embargo, las primeras hipótesis de los organismos de seguridad apuntan a estructuras de las disidencias de las Farc que operan en el sur del país, en particular la columna Franco Benavides, adscrita al Estado Mayor Central bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Claudia Cabrera confirmó el asesinato de su hermano a través de redes sociales y denunció que la violencia vuelve a golpear a su familia. La dirigente política fue alcaldesa de Policarpa y posteriormente candidata a la Gobernación de Nariño, donde obtuvo una votación significativa que la consolidó como una de las figuras políticas más visibles de la región. Actualmente es candidata a la Cámara de Representantes por el Partido de la U.

El partido emitió un comunicado en el que rechazó el crimen y exigió garantías de seguridad para su candidata y para la población del municipio. La Defensoría del Pueblo también se pronunció y reiteró la necesidad de adoptar medidas urgentes de protección en Policarpa ante el deterioro de las condiciones de seguridad.

El asesinato ocurre en un municipio que durante años ha sido escenario de disputas entre estructuras armadas ilegales. Policarpa se ubica en una zona estratégica del departamento de Nariño, región atravesada por corredores del narcotráfico y economías ilícitas que han alimentado la presencia de disidencias de las Farc y otros grupos armados.

En enero de 2023, un grupo de disidentes rodeó la estación de Policía del municipio y mantuvo acorralados a 12 uniformados, un episodio que evidenció la capacidad de presión armada que estas estructuras pueden ejercer incluso en el casco urbano. En los últimos meses también se han registrado masacres, homicidios múltiples, desapariciones y desplazamientos en zonas rurales del municipio.

La violencia también ha afectado directamente a la familia Cabrera en el pasado. En 2021 fue asesinado Antonio Cabrera Tarazona, otro hermano de la dirigente política, en zona rural de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Desde entonces, Claudia Cabrera ha denunciado amenazas relacionadas con su actividad política en la región.

El caso se inscribe además en un contexto más amplio de expansión territorial de grupos armados ilegales en el país. Informes citados por organismos de seguridad y análisis académicos señalan que estructuras como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo ejercen algún grado de influencia criminal en más de 600 municipios de Colombia, una expansión significativa frente a los cerca de 150 municipios donde se reportaba presencia dominante hace algunos años.

En territorios con estas condiciones, la violencia suele intensificarse en periodos electorales. La presencia armada se traduce en restricciones a la movilidad, amenazas a líderes sociales y presiones directas o indirectas sobre candidatos y votantes, lo que afecta las condiciones de competencia política.

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El asesinato de José Cabrera ocurre a pocos días de las elecciones del 8 de marzo y refuerza las alertas sobre riesgo electoral en Nariño. Autoridades departamentales y organismos nacionales de protección analizan ahora medidas adicionales de seguridad para candidatos y campañas en municipios considerados críticos.

El desarrollo de las investigaciones y la capacidad del Estado para identificar y judicializar a los responsables se perfila como uno de los factores que marcarán el impacto político del caso en las próximas semanas, mientras la campaña electoral continúa en un escenario de seguridad cada vez más frágil en varias regiones del país.