EN SÍNTESIS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó públicamente a la Registraduría Nacional y al registrador Hernán Penagos de mantener un riesgo vigente de fraude electoral por el uso de un software de escrutinio que, según él, no ha sido auditado de forma independiente ni pertenece plenamente al Estado. La denuncia surge a pocos días de las elecciones legislativas y revive antecedentes como el caso del partido MIRA en 2014 —cuando el Consejo de Estado anuló parcialmente la elección al Senado por irregularidades en los escrutinios— y las inconsistencias detectadas en el preconteo de las legislativas de 2022. La Registraduría rechaza las acusaciones y afirma que el software de escrutinio fue adquirido por el Estado y auditado con participación de partidos y observadores.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 6 de marzo de 2026 – El mandatario afirmó que ni su coalición, el Pacto Histórico, ni actores independientes han podido auditar técnicamente el código del sistema que se utilizará en los próximos comicios. Según Petro, el software que opera en la infraestructura electoral es “el mismo en lo fundamental” que estuvo presente en procesos anteriores donde se denunciaron irregularidades.

En un mensaje publicado en la red social X, el presidente sostuvo que no se debe confundir error con fraude, pero aseguró que existen antecedentes concretos de manipulación del sistema electoral digital. Entre ellos mencionó las elecciones legislativas de 2014, cuando el Consejo de Estado anuló parcialmente la elección del Senado tras una demanda del movimiento político MIRA.

EL CASO DEL MIRA: Ese fallo, emitido en 2018 después de varios años de proceso judicial, concluyó que se habían producido irregularidades graves en los escrutinios que afectaron los resultados de la colectividad. La investigación judicial examinó más de 130.000 folios de pruebas y determinó que miles de votos fueron alterados en las actas de escrutinio. Reportes posteriores estimaron que más de 400.000 votos fueron manipulados en decenas de miles de mesas.

Como consecuencia de ese caso, el Consejo de Estado ordenó reformas en el sistema tecnológico electoral. Entre ellas, que el software de escrutinio fuera de propiedad del Estado para evitar la dependencia de proveedores privados y facilitar auditorías técnicas independientes.

Petro sostiene que esa orden judicial no se ha cumplido plenamente. Según su versión, el sistema electoral sigue dependiendo de esquemas de tercerización tecnológica en los que partes críticas del software no pertenecen al Estado o no pueden ser auditadas de forma independiente.

El presidente vinculó esa situación con la empresa Thomas Greg and Sons, que desde 2007 ha prestado servicios logísticos y tecnológicos en los procesos electorales del país. Petro afirmó que esa compañía ha recibido contratos por alrededor de 4,4 billones de pesos en ese periodo, lo que, a su juicio, evidencia la magnitud del modelo de externalización del sistema electoral.

Las declaraciones del mandatario nos devuelven también a las elecciones legislativas de 2022. En ese proceso, el preconteo inicial mostró diferencias importantes frente a los resultados del escrutinio posterior, especialmente en la votación al Senado. En ese momento, el Pacto Histórico denunció que cientos de miles de votos no habían sido registrados inicialmente en el preconteo. Tras el proceso de escrutinio, que revisa las actas mesa por mesa, la coalición obtuvo varias curules adicionales.

La Registraduría Nacional, entonces dirigida por Alexander Vega, explicó que esas diferencias se debieron a errores de diligenciamiento en los formularios E-14 y a fallas humanas en el preconteo, no a manipulación del software.

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La actual dirección de la Registraduría rechaza las acusaciones del presidente. La entidad afirma que el software de escrutinio nacional fue adquirido por el Estado a finales de 2021 mediante licitación pública precisamente para cumplir la orden del Consejo de Estado.

Además, sostiene que el sistema ha sido sometido a auditorías en las que pueden participar partidos políticos y misiones de observación electoral. Como parte del proceso para las próximas elecciones, la entidad informó que el 3 de marzo de 2026 se realizó el congelamiento del código fuente del software, una etapa técnica en la que se fija la versión final del programa bajo supervisión de representantes políticos y observadores.

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En paralelo a la disputa institucional, Petro anunció que su coalición desplegará un amplio sistema de vigilancia electoral. Según explicó, el Pacto Histórico movilizará decenas de miles de testigos en las mesas de votación y centenares de abogados para intervenir en las comisiones escrutadoras y solicitar recuentos cuando detecten inconsistencias.

El trasfondo del conflicto refleja una tensión más amplia sobre la confianza en la infraestructura tecnológica electoral. El sistema colombiano combina procedimientos manuales con plataformas digitales para la transmisión y consolidación de resultados, lo que abre múltiples puntos donde pueden surgir errores, disputas o sospechas de manipulación.

La forma en que se gestionen estas denuncias en las próximas elecciones será decisiva. La transparencia de los escrutinios y la capacidad de las autoridades electorales para demostrar la integridad del sistema tecnológico determinarán si la controversia se disipa o si se convierte en un nuevo frente de disputa institucional sobre la legitimidad del proceso electoral.