EN SÍNTESIS

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, solicitó a la Corte Constitucional suspender provisionalmente varios artículos de los Decretos Legislativos 174 y 175 de 2026, expedidos por el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la emergencia económica, social y ecológica. Valencia sostiene que estas normas incluyen disposiciones que podrían vulnerar la Ley de Garantías Electorales al permitir adjudicación de tierras, subsidios y contratación estatal en pleno calendario electoral. Los decretos, orientados a atender la crisis climática y financiera del sector agropecuario, habilitan medidas extraordinarias de gestión de tierras y alivios financieros. La solicitud abre un nuevo choque institucional entre oposición y Ejecutivo y traslada a la Corte el debate sobre los límites de la emergencia económica durante el proceso electoral de 2026.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 5 de marzo de 2026 – El inconveniente radica en el alcance de los decretos. Según Valencia, el Ejecutivo incorporó disposiciones que exceden la finalidad de atender la crisis climática y económica y que podrían influir en la competencia electoral mediante el uso de instrumentos estatales como la adjudicación de tierras, la entrega de subsidios o la contratación pública en territorios específicos.

En una comunicación pública, la candidata afirmó que el Gobierno “metió micos” en los decretos de emergencia. A su juicio, esos artículos habilitan decisiones administrativas con impacto territorial y económico en pleno periodo de restricciones electorales, lo que podría afectar la equidad entre campañas y comprometer las garantías para los actores políticos.

La estrategia jurídica consiste en pedir una medida cautelar inmediata, la suspensión provisional de los artículos cuestionados mientras la Corte adelanta el control de constitucionalidad de los decretos. Ese tipo de decisiones no resuelve en su totalidad el caso, pero puede impedir que las normas produzcan efectos mientras el tribunal analiza su legalidad.

El contexto es particularmente sensible por el calendario electoral. La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, impone limitaciones a la contratación estatal y a ciertas decisiones administrativas durante los meses previos a elecciones con el objetivo de evitar que el gobierno de turno utilice recursos públicos para incidir en la voluntad de los votantes.

LA EMERGENCIA «SOCIAL»: Los decretos cuestionados surgieron en el marco de la emergencia declarada mediante el Decreto 150 de 2026. El Gobierno justificó esa decisión en la combinación de presiones fiscales tras el hundimiento de la reforma tributaria y en los impactos de fenómenos climáticos extremos sobre la producción agropecuaria.

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En desarrollo de esa emergencia, el Ejecutivo expidió el Decreto 174 el 24 de febrero de 2026. La norma habilita medidas extraordinarias de ordenamiento y gestión de tierras rurales orientadas a la reubicación de unidades productivas en zonas afectadas por inundaciones y otros riesgos climáticos. Entre otras facultades, permite adquirir, ocupar temporalmente, recuperar y adjudicar predios a través de entidades como la Agencia Nacional de Tierras.

El Decreto 175 de 2026 complementa ese paquete con alivios financieros para el sector agropecuario, incluida la condonación de créditos y apoyos económicos a pequeños productores. Sin embargo, también incorpora disposiciones que flexibilizan los procedimientos de contratación estatal bajo el argumento de la urgencia derivada de la emergencia.

Es precisamente esa combinación de tierras, subsidios y contratación excepcional la que ha despertado críticas desde la oposición y organizaciones de veeduría electoral. Sus cuestionamientos se centran en la posibilidad de que programas públicos de alto impacto territorial coincidan con el periodo de restricciones electorales.

PALOMA YA HABÍA DEMANDADO ANTE LA CORTE: En 2025 solicitó suspender un decreto que convocaba una consulta popular, argumentando que el costo estimado de la jornada —calculado entonces en alrededor de 700.000 millones de pesos— podía generar efectos económicos irreversibles mientras el tribunal evaluaba su constitucionalidad.

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El Gobierno ha defendido públicamente los decretos actuales como instrumentos necesarios para responder a la crisis climática en el campo y para sostener la producción agropecuaria. Desde esa perspectiva, las medidas extraordinarias buscan agilizar la intervención estatal en territorios afectados y apoyar a pequeños productores que enfrentan pérdidas por fenómenos climáticos.

La decisión inmediata ahora queda en manos de la Corte Constitucional. El tribunal deberá evaluar si existen razones suficientes para suspender provisionalmente los artículos cuestionados mientras avanza el control automático de constitucionalidad de los decretos.

Si la Corte concede la suspensión, algunas de las disposiciones más sensibles sobre tierras o contratación quedarían congeladas durante el periodo electoral. Si la niega, el Gobierno mantendría la aplicación plena de las medidas mientras continúa el proceso judicial.