EN SÍNTESIS

Una película histórica sobre el almirante José Prudencio Padilla, financiada con cerca de 15.891 millones de pesos —más de 8.100 millones provenientes de recursos públicos—, abrió una controversia. El proyecto es una coproducción entre RTVC y la empresa privada Valencia Producciones FX, seleccionada mediante contratación directa sin convocatoria pública. La polémica se intensificó al conocerse que el presidente Gustavo Petro aparece brevemente como actor en una escena del largometraje, protagonizado por el estadounidense Cuba Gooding Jr. Sectores del gremio audiovisual y voces opositoras cuestionan la adjudicación del contrato y el uso de recursos estatales, mientras el Gobierno defiende la producción como una apuesta por la memoria histórica y la industria audiovisual.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 5 de marzo de 2026 – Una producción cinematográfica financiada parcialmente con recursos públicos se convirtió en una nueva controversia política en Colombia. La película sobre el almirante José Prudencio Padilla fue financiada con un presupuesto total de 15.891.027.451 pesos, según documentos del contrato de coproducción suscrito entre RTVC y la empresa privada Valencia Producciones FX.

De ese total, al menos 8 mil millones de pesos provienen de recursos públicos aportados por RTVC y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), mientras que la productora privada participa con 7.786 millones en especie. El acuerdo se firmó mediante contratación directa, sin convocatoria pública ni concurso abierto, un elemento que desencadenó cuestionamientos dentro del sector audiovisual y en la oposición política.

El debate se intensificó cuando imágenes difundidas por medios nacionales mostraron al presidente Gustavo Petro en el set de rodaje vestido con uniforme militar del siglo XIX junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien interpreta a Padilla en la película. El mandatario aparece en una escena breve interpretando a un general de la época y pronunciando algunas líneas dentro de la secuencia.

Petro confirmó su participación en redes sociales y señaló que su aparición dura apenas “unos cinco segundos”. También defendió su presencia en el proyecto como un ejercicio artístico personal, afirmando que tiene derecho a actuar o escribir, y comparó su incursión en el cine con actividades de otros mandatarios en el ejercicio del poder.

Sin embargo, la controversia se centra en el esquema de financiación y en la forma en que se adjudicó el contrato a Valencia Producciones FX, empresa fundada por la actriz y gestora cultural Yesenia Valencia. Productores y representantes del sector audiovisual han cuestionado que un proyecto de esta magnitud se haya asignado sin un proceso competitivo abierto, especialmente en un contexto en el que numerosos proyectos cinematográficos enfrentan dificultades para acceder a fondos públicos o incentivos estatales.

Para el Gobierno, el proyecto busca impulsar la industria audiovisual nacional y posicionar una historia colombiana en el circuito internacional, apoyada además por la presencia de un actor reconocido como Cuba Gooding Jr. Desde esa perspectiva, la coproducción con un actor internacional y la inversión estatal se presentan como una apuesta cultural y económica para fortalecer el sector.

Pero entre asociaciones del gremio audiovisual y sectores opositores persiste una preocupación distinta, el precedente que puede sentar la adjudicación directa de un contrato de más de 15.000 millones de pesos para un proyecto impulsado desde el sistema de medios públicos. Algunos críticos han descrito el caso como una señal de concentración de recursos y han pedido mayor transparencia en los mecanismos de asignación de fondos culturales.

La discusión también despierta una conversacion sobre el papel de RTVC en la política cultural del gobierno. Mientras el Ejecutivo sostiene que el sistema de medios públicos debe participar activamente en la producción audiovisual nacional, sus detractores advierten sobre el riesgo de que se utilicen recursos estatales para proyectos asociados políticamente al gobierno de turno.

En ese contexto, el contrato de coproducción y la participación del presidente en la película se han convertido en un punto de fricción que trasciende el ámbito cinematográfico. Con el estreno programado para 2026, el proyecto aún enfrenta meses de escrutinio público y político sobre la forma en que se financió, se adjudicó y se ejecutó una de las producciones audiovisuales más costosas realizadas desde el sistema de medios públicos colombiano.