EN SÍNTESIS

La sede de campaña de la representante a la Cámara y candidata al Senado Katherine Miranda fue vandalizada la noche de ayer 3 de marzo en Chapinero, Bogotá, a cinco días de las elecciones legislativas del 8 de marzo. Entre dos y cuatro hombres encapuchados que se movilizaban en bicicleta lanzaron pintura negra contra la fachada, vallas y afiches del inmueble y huyeron del lugar. No hay capturas. Miranda denunció el hecho como un acto de intimidación política y lo vinculó al contexto de sus recientes denuncias sobre un presunto “cartel del cáncer” relacionado con remisiones de pacientes oncológicos de Nueva EPS hacia la clínica Clinaltec en Ibagué. Las autoridades revisan cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los responsables.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 3 de marzo de 2026 – La sede de campaña de Katherine Miranda en el sector de Chapinero, en Bogotá, amaneció cubierta de pintura negra tras un ataque vandálico ocurrido en la noche de ayer, a pocos días de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo. Según reportes preliminares y registros de cámaras de seguridad, entre dos y cuatro hombres encapuchados llegaron en bicicletas al inmueble ubicado en la calle 53 con carrera Séptima alrededor de las 9:30 p. m., lanzaron pintura mediante aerosoles y recipientes contra la fachada, las vallas y los afiches de campaña, y se retiraron minutos después hacia la avenida Caracas.

El hecho no dejó personas heridas ni daños estructurales significativos, pero sí afectó la publicidad y la fachada de la sede política. La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía iniciaron la revisión de cámaras de seguridad del sector y la recopilación de testimonios para identificar a los responsables. Hasta ahora no se reportan capturas.

La propia Miranda difundió en su cuenta de X videos y fotografías del ataque, donde se observan los daños sobre las piezas de campaña. En el mensaje que acompañó la publicación afirmó que “vandalizaron mi sede de campaña” y sostuvo que “la democracia se defiende con argumentos, no con violencia”. La congresista también pidió garantías de seguridad para las campañas y para los candidatos que participan en la contienda legislativa.

Katherine Miranda es representante a la Cámara por el partido Alianza Verde y aspira al Senado en una coalición con los movimientos En Marcha y ASI para el periodo 2026–2030. En declaraciones posteriores a medios reiteró que interpreta el episodio como un acto de intimidación política y lo vinculó al contexto de denuncias recientes que ha hecho sobre presuntas irregularidades en el sector salud.

La controversia se centra en lo que Miranda ha denominado un posible relacionado con la concentración de exámenes PET-CT para pacientes oncológicos remitidos por la Nueva EPS a la Clínica Internacional de Alta Tecnología (Clinaltec), ubicada en Ibagué. Según cifras divulgadas por la congresista, las remisiones hacia esa clínica habrían pasado de 176 pacientes en 2023 a 723 en 2024 y a 1.846 en 2025.

De acuerdo con esos datos, entre 2023 y enero de 2026 la Nueva EPS habría autorizado 3.374 exámenes PET-CT en esa institución por un valor superior a 17.600 millones de pesos. Miranda también ha cuestionado que pacientes de regiones como Norte de Santander, Valle del Cauca y el Eje Cafetero hayan sido remitidos a Ibagué pese a la existencia de centros médicos más cercanos.

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Las acusaciones fueron rechazadas por la clínica Clinaltec. Su defensa jurídica, encabezada por el abogado Jaime Lombana, ha señalado que las cifras divulgadas por la congresista no corresponden a la realidad y negó la existencia de irregularidades en la prestación de servicios oncológicos. Según la institución, su actividad médica se desarrolla dentro del marco normativo y responde a la demanda de atención especializada en la región.

El intercambio de señalamientos se instaló en la agenda pública durante los últimos días de campaña legislativa. Diversos medios replicaron las cifras y las respuestas de las partes, lo que amplificó el debate sobre la contratación de servicios de alta complejidad en el sistema de salud y sobre los criterios utilizados por las EPS para remitir pacientes a clínicas especializadas. En ese contexto se produjo el ataque contra la sede de campaña en Bogotá. Aunque la congresista sugiere que el hecho podría estar relacionado con sus denuncias, las autoridades aún no han establecido un vínculo entre los autores del vandalismo y actores específicos vinculados al caso del sector salud.

El episodio también se inscribe en un patrón más amplio de hostigamientos y actos de vandalismo contra campañas políticas en periodos electorales en Colombia. En ciclos recientes se han registrado pintas, daños a sedes y amenazas contra candidatos en distintas ciudades, particularmente en momentos de alta polarización política o cuando se denuncian presuntas redes de corrupción.

La investigación sobre lo ocurrido en Chapinero continúa con el análisis de las cámaras de seguridad del sector y el seguimiento a las rutas de escape de los responsables. La posibilidad de identificar a los autores dependerá en gran medida de esos registros y de eventuales testimonios de testigos que hayan presenciado el ataque.

Mientras tanto, el caso mantiene abiertas dos líneas de atención pública: la investigación policial por el acto de vandalismo y el debate político sobre las denuncias de Miranda en el sistema de salud. La evolución de ambas definirá si el episodio queda como un incidente aislado de violencia electoral o si termina conectado con la disputa más amplia que la congresista abrió sobre las remisiones oncológicas de la Nueva EPS.