EN SÍNTESIS

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, suspendieron hoy 2 de marzo una visita oficial a Hidroituango tras una alerta del Ejército por sobrevuelos de drones no autorizados en la zona. La inteligencia militar atribuye los movimientos al Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias “Calarcá”. La actividad coincide con un operativo previo en San Andrés de Cuerquia donde se incautan explosivos y un dron. La central aporta actualmente cerca del 8% de la energía nacional y proyecta llegar al 17% en plena operación. La rueda de prensa se reprograma en Medellín bajo medidas reforzadas de seguridad.

EN PROFUNDIDAD

 Ituango/Briceño, 2 de marzo de 2026 – La decisión se toma la noche del domingo 1 de marzo, tras una llamada conjunta entre los equipos de seguridad de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el Ejército Nacional y la Policía. Horas antes, inteligencia militar detecta sobrevuelos persistentes de drones de gran tamaño sobre el área de Hidroituango y municipios cercanos. El evento previsto incluía una rueda de prensa en el sitio de obras con más de cien periodistas y la presentación de avances técnicos del proyecto.

Según información oficial, la alerta se activa después de que el Ejército incauta el sábado 28 de febrero, en San Andrés de Cuerquia, un dron, cuatro radios de comunicación, artefactos explosivos, detonadores y prendas militares atribuidas al Frente 36 de las disidencias de las FARC. Las autoridades consideran que la coincidencia entre el operativo y los sobrevuelos eleva el riesgo para la delegación y para la infraestructura energética.

Federico Gutiérrez confirmó en entrevistas con la Blu Radio que la amenaza apunta tanto contra los mandatarios como contra la central. Señala que Empresas Públicas de Medellín (EPM), empresa industrial y comercial del Estado propietaria del proyecto, ha recibido amenazas de extorsión del mismo frente armado. Andrés Julián Rendón respalda esa versión y advierte que los drones maniobran sobre el punto exacto donde se realizaría la rueda de prensa.

El Frente 36, bajo el mando de alias “Calarcá”, opera en el noroccidente antioqueño y controla corredores estratégicos asociados al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. En las últimas semanas, la estructura intensifica acciones en municipios como Ituango y San Andrés de Cuerquia. El 27 de febrero, una estación de gasolina en Ituango es atacada con un dron tras negarse a pagar extorsiones, lo que evidencia la capacidad del grupo para adaptar estos dispositivos con explosivos.

El uso de drones como arma no es un hecho aislado. Antioquia registra más de 400 ataques con drones en los últimos 22 meses, según reportes de autoridades departamentales. El fenómeno marca una evolución tecnológica en el conflicto armado. Dispositivos de bajo costo, difíciles de rastrear y capaces de impactar objetivos específicos sin presencia directa de combatientes en el lugar.

La amenaza adquiere dimensión nacional por el carácter estratégico de Hidroituango. La central, ubicada sobre el río Cauca, genera actualmente alrededor del 8% de la energía que consume el país. Con la entrada en operación total de sus ocho turbinas, podría aportar hasta el 17% de la matriz eléctrica, según proyecciones oficiales de EPM. El proyecto avanza en un 95% de ejecución y representa una de las principales fuentes de ingresos para Medellín y Antioquia.

La cancelación de la visita también se produce en un contexto político marcado por tensiones entre autoridades locales y el Gobierno nacional en materia de seguridad. Gutiérrez y Rendón, críticos de la política de “paz total”, vinculan el episodio con un deterioro del control territorial en el noroccidente del departamento. Desde la Casa de Nariño no se ha anunciado, hasta el momento, un pronunciamiento específico sobre este caso.

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Mientras tanto, la rueda de prensa se traslada al complejo administrativo de La Alpujarra, en Medellín, bajo un esquema reforzado de seguridad. EPM mantiene vigilancia adicional en el proyecto y coordinación permanente con las Fuerzas Militares.

El episodio no solo obliga a replantear los esquemas de protección de funcionarios y periodistas en zonas de riesgo. También pone en el centro la vulnerabilidad de infraestructuras críticas frente a grupos armados que incorporan tecnología comercial en sus operaciones. La capacidad del Estado para contener esa adaptación marcará el alcance real de la amenaza sobre un activo que sostiene buena parte del sistema eléctrico nacional.