EN SÍNTESIS

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó el borrador del decreto que eleva al 50% los aranceles a una amplia lista de productos originarios de Ecuador, como respuesta al aumento de la “tasa de seguridad” ecuatoriana sobre bienes colombianos, vigente desde el 1 de marzo de 2026. La medida amplía el alcance del Decreto 0170 de febrero y pasa de 23 líneas de productos afectadas al 30% a más de 190 subpartidas con gravamen del 50%, entre ellas sal, azufre, químicos, artículos sanitarios de plástico y productos agrícolas. El gobierno de Gustavo Petro invoca el principio de reciprocidad y señala un presunto incumplimiento del Acuerdo de Cartagena. El episodio profundiza la escalada comercial entre dos socios clave de la Comunidad Andina.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá/Quito, 2 de marzo de 2026 –La publicación del borrador marca un nuevo punto de inflexión en la relación comercial entre Colombia y Ecuador. El texto, puesto a comentarios por un periodo abreviado de cinco días debido a la “urgencia” invocada por el Ejecutivo, modifica el Decreto 0170 de 2026 y eleva del 30% al 50% el arancel aplicado a un universo ampliado de productos ecuatorianos. La decisión busca equiparar el incremento que Quito impuso a las importaciones colombianas bajo la figura de “tasa de seguridad”.

Hasta ahora, Colombia aplicaba un arancel del 30% a 23 líneas de productos originarios de Ecuador, en vigor desde el 24 de febrero. Esa primera lista incluía bienes agrícolas como fríjol, arroz, plátano y otras bananas, azúcar de caña y cacao en polvo, así como aceites de pescado y de palma, insecticidas, plásticos, envases, neumáticos, papel y tubos metálicos. Con el nuevo borrador, el alcance se amplía a más de 190 subpartidas arancelarias e incorpora sal, azufre, insumos químicos y artículos sanitarios y de higiene fabricados en plástico, entre otros.

El detonante inmediato fue la decisión del gobierno de Daniel Noboa de incrementar del 30% al 50% la tasa de seguridad aplicada a productos colombianos, efectiva desde el 1 de marzo de 2026. Quito justificó la medida en razones de seguridad nacional y en la necesidad de presionar a Colombia para que adopte acciones “concretas y efectivas” frente al crimen organizado en la frontera común. El Gobierno Petro considera que ese incremento constituye una restricción comercial incompatible con el Acuerdo de Cartagena, que rige la Comunidad Andina y promueve la libre circulación de bienes intracomunitarios.

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El gobierno de Gustavo Petro sostiene que su respuesta se enmarca en el principio de reciprocidad previsto en la normativa comercial colombiana y en la defensa de la producción nacional. En la práctica, la simetría del 50% en ambos sentidos encarece de forma sustancial el comercio bilateral y altera cadenas de valor construidas durante años entre empresas de los dos países. Ecuador es uno de los principales destinos de manufacturas y productos agroindustriales colombianos, mientras Colombia representa un mercado relevante para alimentos e insumos industriales ecuatorianos.

Gremios empresariales de ambos lados de la frontera han advertido sobre el impacto inmediato. Medios ecuatorianos citan estimaciones según las cuales ciertas exportaciones hacia Colombia podrían caer hasta 75% si el arancel del 50% se mantiene, al perder competitividad frente a proveedores de terceros países. En Colombia, sectores agroindustriales, de plásticos y químicos anticipan mayores costos de insumos y posibles traslados a precios finales, en un contexto de presiones inflacionarias aún presentes.

Más allá de la coyuntura, el episodio reabre tensiones históricas dentro de la Comunidad Andina. Aunque Colombia y Ecuador han tenido desacuerdos comerciales en el pasado, rara vez habían escalado a un esquema de gravámenes recíprocos tan elevados y generalizados. El recurso a una “tasa de seguridad” por parte de Quito introduce además un elemento político que trasciende el comercio y conecta con la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el gobierno ha declarado estados de excepción y desplegado fuerzas armadas en varias provincias.

En Bogotá, la respuesta también tiene una dimensión política interna. Al ampliar el arancel al 50% y extenderlo a más productos, el Ejecutivo envía una señal de firmeza frente a lo que considera una medida unilateral de su vecino. El argumento oficial combina la defensa de la industria nacional con la idea de que no se puede permitir un precedente que erosione las reglas del comercio intracomunitario.

El siguiente paso dependerá de dos variables. La primera es la rapidez con la que el borrador se convierta en decreto definitivo, lo que consolidaría la simetría del 50% y formalizaría la fase más aguda del pulso arancelario. La segunda es si la controversia migra a los mecanismos de solución de controversias de la Comunidad Andina o se canaliza por la vía diplomática.

La decisión final del Ejecutivo colombiano, y la eventual reacción de Quito, definirán si la relación comercial entra en una fase prolongada de confrontación o si el aumento al 50% se convierte en un punto de presión para forzar una negociación que evite un deterioro mayor del comercio bilateral.