EN SÍNTESIS

La familia de Kevin Arley Acosta Pico, niño de siete años con hemofilia A severa que murió el 13 de febrero tras un accidente en bicicleta y en medio de la suspensión de su tratamiento, anunció que interpondrá denuncias penales contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y la gerencia de Nueva EPS. La defensa sostiene que hubo una cadena de omisiones en el suministro del medicamento y en la atención posterior al accidente. El caso se convierte en símbolo de la crisis del sistema de salud y la responsabilidad política y jurídica en la EPS intervenida por el Gobierno.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 1 de marzo de 2026 – Kevin padecía hemofilia A severa desde los nueve meses. La enfermedad impide la correcta coagulación de la sangre y exige tratamiento continuo con medicamentos especializados para prevenir hemorragias. Según la familia, la EPS había suministrado el fármaco durante años, pero desde el 12 de diciembre de 2025 se interrumpió la aplicación periódica, pese a que existía orden médica de continuidad cada 28 días. La respuesta que recibían, afirman, era que debía esperarse la renovación con los proveedores para reanudar el suministro.

A comienzos de febrero de 2026 el niño sufrió una caída en bicicleta en Pitalito, Huila, que le provocó un trauma craneoencefálico con hemorragias. Fue trasladado al Hospital Departamental San Antonio y se solicitó remisión a un centro de mayor complejidad en Bogotá. La familia y organizaciones de pacientes sostienen que hubo demoras en la autorización y en la coordinación del traslado, lo que prolongó el tiempo sin manejo especializado para un paciente con alto riesgo de sangrado intracraneal. El menor llegó a la capital en condición crítica y falleció el 13 de febrero, tras diagnóstico de muerte cerebral.

Nueva EPS, intervenida por el Gobierno desde 2024 y con más de 11 millones de afiliados, atribuyó la causa principal de la muerte al trauma derivado del accidente y señaló que el dictamen definitivo depende de la necropsia. También afirmó que se realizaron gestiones de traslado y atención. La familia replica que se trató de una “muerte potencialmente evitable”, al considerar que la interrupción del medicamento lo dejó en condición de vulnerabilidad extrema y que las barreras administrativas agravaron el desenlace.

El caso escaló al plano político cuando el presidente Petro afirmó públicamente que la prevención correspondía primero a la familia y divulgó partes de la historia clínica del menor en redes sociales y en un consejo de ministros. La madre del niño, Katherine Pico, evalúa acciones legales por la difusión de datos médicos reservados. El abogado Villanueva sostiene que ningún funcionario está exento del deber de proteger el derecho fundamental a la salud y que la eventual responsabilidad no se limita a la EPS, sino también a quienes dirigen y supervisan el sistema.

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Más de 200 organizaciones de pacientes han presentado denuncias penales contra el ministro Jaramillo por presunto incumplimiento de decisiones judiciales relacionadas con la financiación y continuidad de tratamientos de alto costo. El expediente Kevin se suma a la controversia y se convierte en referencia obligada dentro de la conversación sobre la intervención estatal de la Nueva EPS y la reforma estructural que impulsa el Gobierno.

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La discusión excede un caso individual, en enfermedades raras o de alto costo como la hemofilia A severa, la continuidad del tratamiento no es solo un trámite sino una condición clínica para evitar complicaciones graves. Protocolos médicos y fallos judiciales han reiterado la obligación de garantizar suministro ininterrumpido y acceso inmediato a atención especializada ante eventos de riesgo.

La Fiscalía tendrá que determinar si la suspensión del medicamento, las demoras en la remisión y la gestión posterior al accidente configuran responsabilidades penales y hasta dónde llega la cadena de mando. También deberá evaluarse si la divulgación de información clínica vulneró la reserva médica.

El expediente se proyecta ahora sobre el debate legislativo y sobre la credibilidad de la intervención estatal en la mayor EPS del país. La investigación judicial, más que el intercambio político, definirá si el caso queda como un episodio trágico dentro de una crisis sistémica o como precedente de responsabilidad directa de los más altos niveles del poder en la garantía del derecho a la salud.