EN SÍNTESIS

El Ejército de Liberación Nacional anuncia un cese al fuego unilateral entre el 7 y el 10 de marzo de 2026 con motivo de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales en Colombia. La guerrilla asegura que suspenderá acciones ofensivas para garantizar el “libre derecho al voto” y afirma que no interferirá en el proceso del 8 de marzo. El gobierno de Gustavo Petro no confirma un acuerdo bilateral asociado. La tregua, presentada como decisión autónoma del grupo, impacta el clima de seguridad electoral pero no compromete a otros actores armados activos en el territorio.

EN PROFUNDIDAD

1 de marzo 2026 – En los últimos meses se han registrado atentados, amenazas y asesinatos contra candidatos, dirigentes y líderes sociales en varias regiones. El homicidio en 2025 del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe intensificó la percepción de riesgo en la campaña. Autoridades electorales han reforzado esquemas de protección y dispositivos de seguridad ante la persistencia de estructuras armadas y economías ilegales que operan en zonas rurales y periféricas.

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El ELN sostiene que no es su política “amenazar ni atentar contra candidatos” y recuerda que en procesos electorales anteriores decretó ceses al fuego unilaterales similares. Según la propia organización, durante los comicios de 2014, 2018 y 2022 adoptó medidas de suspensión temporal de acciones ofensivas. En varias de esas jornadas, organismos de observación registraron descensos puntuales en acciones atribuidas al grupo, aunque sin una reducción estructural de la violencia en los territorios donde confluyen otros actores armados.

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El actual anuncio no está vinculado a un acuerdo bilateral con el gobierno del presidente Gustavo Petro. El grupo lo presenta como una decisión autónoma y, al mismo tiempo, califica de “fracaso” la política de “paz total” impulsada por el Ejecutivo. Esa postura marca distancia respecto de la mesa de diálogos que atravesó fases de acercamiento, crisis y suspensión en los últimos años. El carácter unilateral del cese implica que su cumplimiento dependerá de la disciplina interna del grupo, sin un mecanismo de verificación robusto acordado con el Estado.

La Registraduría Nacional y las Fuerzas Militares mantienen los planes de seguridad previstos para la jornada. El cese del ELN no compromete a disidencias de las FARC, bandas narcotraficantes ni otras estructuras criminales con presencia territorial. En departamentos como Arauca, Catatumbo o zonas del Pacífico, donde el ELN ha mantenido influencia histórica, la reducción temporal de hostilidades podría aliviar riesgos específicos, pero no elimina amenazas asociadas a disputas por rentas ilegales y control social.

En su comunicado, el ELN reitera su propuesta de un “Acuerdo Nacional” que involucre a diversos sectores, al próximo presidente y nuevo Congreso. El planteamiento evidencia un intento de incidir en el escenario electoral sin renunciar a su identidad armada. El ELN busca presentarse como un actor con agenda propia, capaz de decretar treguas en momentos estratégicos, mientras mantiene su cuestionamiento al sistema democrático. En su comunicado insiste en que las elecciones no solucionan las causas estructurales de la crisis nacional.

En amplias zonas rurales, la capacidad de votar sin presiones depende más de la reducción efectiva de amenazas, restricciones a la movilidad y coerción sobre comunidades, que, de la logística electoral. La existencia de ceses unilaterales temporales, sin un acuerdo integral de desarme o sometimiento a la justicia, da espacio a cuestionamientos sobre la eficacia de las negociaciones y las garantías reales para la población.

El cumplimiento del cese durante los días previos y posteriores al 8 de marzo será observado por organizaciones de derechos humanos y misiones de observación electoral. Un descenso verificable de incidentes en zonas de influencia del ELN reforzaría la narrativa del grupo sobre su disposición a respetar la jornada. Cualquier violación, en cambio, afectaría su credibilidad y condicionaría el margen de maniobra del próximo gobierno para reactivar o rediseñar una negociación que, hasta ahora, no ha producido un acuerdo estable.