EN SÍNTESIS

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, afirma que la Fiscalía le informó que parte del dinero para planear y ejecutar el magnicidio “provino de Venezuela” y que la Segunda Marquetalia actuó como estructura operativa en Colombia. Sostiene que la disidencia no sería el autor intelectual sino el “vehículo” ejecutor, y plantea como hipótesis que el régimen de Nicolás Maduro pudo haber financiado el crimen, aunque reconoce que esa participación directa no está probada. Ocho personas han sido procesadas por la ejecución material. La investigación busca identificar a quienes dieron la orden y trazaron la ruta internacional de los recursos.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 28 de febrero de 2026 – Miguel Uribe Londoño sostiene que el asesinato de su hijo fue una operación financiada desde el exterior. En entrevista con SEMANA y en declaraciones recogidas por otros medios, afirma que la Fiscalía General de la Nación le informó que parte de los recursos con los que se pagó a la estructura sicarial “provinieron de Venezuela” y que ese punto estaría ya documentado dentro del expediente.

Según su versión, la estructura que ejecutó el crimen en Colombia fue la Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas Farc encabezada por antiguos comandantes que retomaron las armas tras el Acuerdo de paz de 2016. Uribe Londoño describe a ese grupo como el aparato operativo que coordinó y articuló a los responsables materiales, pero insiste en que no lo considera el autor intelectual. La pregunta central, afirma, sigue siendo quién dio la orden y quién financió desde fuera del país.

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LO QUE SE SABE DE SU ATENTADO: Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y murió el 11 de agosto de 2025 tras permanecer hospitalizado. La Fiscalía ha informado la captura y judicialización de al menos ocho personas por su presunta participación en la ejecución material del crimen, entre ellas un menor de edad señalado como sicario. Entre los procesados figuran Carlos Eduardo Mora, conductor del vehículo utilizado; William Fernando González, alias “el Hermano”, señalado de reclutar al menor; y Katerine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, a quien se le atribuye la entrega del arma.

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El testimonio de Martínez ha sido uno de los ejes de la investigación. En declaraciones divulgadas por medios nacionales, relató reuniones previas al atentado y mencionó contactos con estructuras armadas ilegales. También señaló que quienes habrían ordenado el ataque serían los mismos responsables de otros hechos contra firmantes del acuerdo de paz, lo que ha llevado a la Fiscalía a explorar la posible participación de la Segunda Marquetalia en Caquetá.

Uribe Londoño afirma que el ente acusador ha realizado un trabajo “excepcional” en la identificación de la cadena operativa, pero que el caso solo quedará completo cuando se establezca la autoría intelectual y se confirme la ruta del dinero. En sus declaraciones recientes plantea como hipótesis que el gobierno de Nicolás Maduro pudo haber sido cómplice en la financiación, aunque reconoce expresamente que esa responsabilidad directa no está demostrada.

La dimensión internacional de la investigación conecta el caso con las dinámicas de criminalidad en la frontera colombo-venezolana, donde operan disidencias, estructuras de narcotráfico y redes de contrabando. Desde hace años, autoridades colombianas han señalado que facciones armadas encuentran refugio o facilidades logísticas en territorio venezolano, una acusación que el gobierno de Caracas ha rechazado de manera reiterada.

DEL LUTO A LA CAMPAÑA: Las declaraciones del ahora candidato presidencial se producen en un contexto político marcado por su salida del Centro Democrático y por el inicio de su campaña. Uribe Londoño sostiene que su hijo “estaba incomodando a los malos” por su agenda de seguridad y lucha contra el crimen organizado, y que esa postura lo convirtió en objetivo. Esa narrativa se articula con una propuesta de endurecimiento frente a las disidencias y de mayor presión diplomática contra el régimen venezolano.

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La Fiscalía no ha hecho pública una confirmación detallada sobre la trazabilidad internacional de los recursos, más allá de reconocer avances en la reconstrucción de la estructura criminal. El proceso judicial continúa centrado en consolidar pruebas sobre la cadena de mando y sobre los posibles financiadores externos.

La identificación plena de los autores intelectuales y la eventual comprobación de transferencias de dinero desde Venezuela definirán el alcance político y diplomático del caso. Mientras esa conexión no sea probada en sede judicial, la hipótesis planteada por Uribe Londoño seguirá moviéndose entre la línea investigativa y el debate electoral que ya atraviesa la campaña presidencial.