EN SÍNTESIS

El Gobierno de Colombia, a través de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, rechazó de manera categórica los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y pidió una acción urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para frenar la escalada en Oriente Medio. En un comunicado oficial, la Cancillería calificó los ataques como una “agresión” contraria a la Carta de la ONU, instó a proteger a la población civil y reiteró que el uso unilateral de la fuerza vulnera el derecho internacional. La posición alinea al Ejecutivo con la línea previa del presidente Gustavo Petro en favor de salidas diplomáticas.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 27 febrero de 2026 – La declaración de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio formaliza la postura del Estado colombiano frente a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y traslada la discusión al terreno jurídico multilateral. El comunicado califica los bombardeos como una agresión incompatible con la Carta de la ONU y sostiene que el recurso unilateral a la fuerza pone en riesgo la paz y la estabilidad internacionales.

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La posición no surge de forma aislada. En 2025, ante bombardeos previos en territorio iraní, la Cancillería ya había expresado “profunda preocupación” por la escalada y había llamado a retomar negociaciones como salida sostenible. La línea se ha mantenido constante, defensa del principio de prohibición del uso de la fuerza salvo en casos de legítima defensa inmediata o con autorización expresa del Consejo de Seguridad. En ese marco, el Gobierno colombiano insiste en que cualquier acción militar sin aval multilateral contraviene el orden jurídico internacional.

El pronunciamiento se produce en paralelo a la convocatoria de una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se analiza la escalada entre Washington, Tel Aviv y Teherán. El secretario general António Guterres pidió un cese inmediato de las hostilidades y advirtió sobre el riesgo de una ampliación regional del conflicto. Colombia se suma así al grupo de países que priorizan la desescalada y el respeto al derecho internacional humanitario.

En el plano interno, la declaración consolida la coherencia entre la Cancillería y la Presidencia. Gustavo Petro ha sostenido una narrativa crítica frente a bombardeos en Medio Oriente y ha defendido la solución pacífica de controversias como principio rector. El comunicado oficial evita un tono personalista y se concentra en el marco normativo, lo que permite expresar desacuerdo con la acción militar sin romper los canales diplomáticos con Washington, socio estratégico de Colombia en materia de seguridad y comercio.

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El contexto estructural añade un componente práctico a la postura. Una guerra prolongada en Oriente Medio podría impactar los precios del petróleo, fertilizantes y transporte marítimo, variables sensibles para la economía colombiana. Por ello, junto al pronunciamiento político, la Embajada en Emiratos Árabes Unidos activó monitoreo consular para proteger a nacionales en la región y evaluar riesgos derivados de la escalada.

La posición colombiana combina principios jurídicos y cálculo diplomático. Al respaldar la intervención del Consejo de Seguridad y enfatizar la protección de civiles, el Gobierno busca situarse del lado del multilateralismo y la contención, en un momento en que la confrontación militar entre potencias amenaza con expandirse más allá del eje inicial del conflicto. La evolución de las deliberaciones en la ONU y la intensidad de los combates determinarán el margen de maniobra de esa apuesta por la vía diplomática.