EN SÍNTESIS

El senador y candidato presidencial del Frente por la Vida, Roy Barreras, denunció que la Policía Nacional de Colombia le alertó sobre un presunto plan para asesinarlo cuando “se suba a la tarima” en un evento de campaña. Según relató, una llamada anónima al Centro Automático de Despacho advirtió del atentado y luego fue cortada. Barreras aseguró que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y que mantendrá su agenda de cierre de campaña hacia la consulta del 8 de marzo, con actos en Cali, Pasto y Bogotá. El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de candidatos en las elecciones de 2026.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 27 de febrero de 2026 – La advertencia conocida por el senador introduce un elemento de alta sensibilidad en la recta final de la consulta progresista. Que una amenaza se refiera de manera explícita al momento en que el candidato “se suba a la tarima” remite a un patrón clásico de ataque en actos públicos y obliga a reforzar los dispositivos de seguridad en eventos masivos, donde la exposición es inevitable y el margen de reacción se reduce.

De acuerdo con el propio Barreras, la llamada ingresó hacia el mediodía al Centro Automático de Despacho de la Policía y un interlocutor anónimo afirmó que estaban esperando el momento en que el candidato apareciera en escena para asesinarlo. La comunicación se cortó sin mayores datos y fue la institución la que trasladó la información a su esquema de protección. El dirigente aseguró que ya radicó la denuncia correspondiente para que la Fiscalía establezca la trazabilidad del número, identifique al titular de la línea y determine si detrás de la advertencia existe una estructura con capacidad operativa o se trata de un intento de intimidación.

Pese a la alerta, Barreras confirmó que no suspenderá sus actividades previstas en Cali y Pasto, así como una caminata en Bogotá. En sus mensajes públicos afirmó que no serán los criminales quienes definan el rumbo político del país y expresó confianza en su esquema de seguridad y en la actuación de la Policía. La decisión de mantener la agenda busca evitar que la amenaza altere la dinámica de campaña en un momento clave para la definición de candidaturas.

No es la primera vez que el senador reporta riesgos contra su vida. En 2023 denunció amenazas relacionadas con su postura frente a una ley de sometimiento a la justicia para narcotraficantes y señaló entonces que incluso trasladó a sus hijos fuera del país. En ese episodio, la Fiscalía imputó cargos a uno de los señalados como autor material de las intimidaciones. Ese antecedente consolidó un esquema de protección reforzado y dejó constancia de que las advertencias podían tener correlato judicial.

LA VIOLENCIA MARCA LA CAMPAÑA DE 2026: La actual coyuntura electoral amplifica el alcance del caso. La Misión de Observación Electoral ha identificado más de 80 municipios con riesgo extremo por presencia de grupos armados y violencia política en el marco de los comicios de 2026. En las últimas semanas se reportaron la retención de la lideresa indígena Ana Guetio en Cauca, la desaparición temporal de Andrés Vásquez en Cesar y la captura de una mujer armada durante un acto de campaña de la senadora Paloma Valencia. Estos hechos han alimentado la percepción de vulnerabilidad de los aspirantes y han puesto bajo presión a las autoridades encargadas de garantizar la contienda.

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Barreras, además, llega a esta etapa envuelto en controversias políticas y judiciales que han elevado el tono de la confrontación. Ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con el caso UNGRD, enfrenta una demanda por concierto para delinquir y un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Su discurso combina la defensa del acuerdo de paz con propuestas de seguridad y reformas sociales, y ha señalado a actores de economías ilegales como adversarios directos de su proyecto. Esa mezcla de exposición mediática, disputas judiciales y confrontación programática configura un entorno de alta tensión.

La respuesta institucional será determinante. La trazabilidad técnica de la llamada al CAD permitirá establecer si hubo planificación concreta, si se trata de un acto de amedrentamiento aislado o de una falsa alarma. Más allá del resultado puntual, el episodio vuelve a situar en el centro la discusión sobre las garantías para hacer campaña en plazas públicas, especialmente en regiones donde confluyen intereses criminales y competencia electoral. La capacidad del Estado para investigar con rapidez y blindar a los candidatos sin alterar la dinámica democrática se convierte, en este punto, en un indicador de la fortaleza del proceso electoral en curso.