EN SÍNTESIS

El Centro Democrático denunció la presencia de una mujer armada en un acto de campaña de Paloma Valencia en Honda, Tolima, donde también participaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Policía confirmó que la asistente portaba una pistola con cargador y cinco cartuchos, fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía por porte ilegal de armas. El Inpec informó que la detenida es una dragoneante de la entidad, en vacaciones al momento de los hechos. El partido pidió investigar lo ocurrido y reclamó garantías de seguridad para la contienda presidencial de 2026.

EN PROFUNDIDAD

Tolima, 26 de febrero de 2026 – La captura de una funcionaria del sistema penitenciario armada en un evento político vuelve a colocar la seguridad electoral en el centro del debate. El hallazgo ocurrió durante una concentración del Centro Democrático en el parque José León Armero de Honda, municipio del norte del Tolima, donde la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia adelantaba agenda de campaña acompañada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros dirigentes de la colectividad.

De acuerdo con la Policía del Tolima, la mujer, de aproximadamente 30 años, estaba entre el público grabando con su celular cuando integrantes del esquema de seguridad solicitaron una requisa. En el procedimiento encontraron una pistola, un cargador y cinco cartuchos. La implicada fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la audiencia de legalización, bajo el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario confirmó posteriormente que la detenida es una dragoneante adscrita a la entidad. En un comunicado, el Inpec señaló que la funcionaria se encontraba en periodo de vacaciones y no en actos de servicio al momento de los hechos, y rechazó lo ocurrido. La institución subrayó que actuaba a título personal y anunció que revisará internamente el caso.

Para el Centro Democrático, el episodio no puede leerse como un incidente menor. La colectividad expresó preocupación por la presencia de una persona armada en un acto político con figuras de alto perfil y pidió a las autoridades una investigación rigurosa que esclarezca las razones de su asistencia y determine si hubo alguna intención específica. El partido enmarca lo sucedido en un contexto de creciente vulnerabilidad para candidatos y dirigentes.

La campaña presidencial de 2026 se desarrolla en un clima marcado por alertas de seguridad en distintas regiones. En los últimos meses se han reportado amenazas, interrupciones de actividades proselitistas y presencia de actores armados en zonas con débil control estatal. Valencia ha sido una de las voces más críticas de la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, al sostener que la expansión de economías ilegales y disidencias armadas ha deteriorado el orden público en departamentos como Cauca y zonas del sur del Tolima.

Honda y el norte del Tolima forman parte de una región donde el uribismo mantiene presencia electoral relevante. Desde que Valencia fue escogida en 2025 como candidata única del partido, ha intensificado giras regionales para consolidar apoyos y proyectar su liderazgo opositor. La participación de Uribe en estos actos refuerza el simbolismo político de cada concentración y eleva el nivel de exposición pública de sus dirigentes.

El hecho de que la persona capturada pertenezca al Inpec añade una dimensión institucional al caso. Aunque la entidad insistió en que la funcionaria no estaba en servicio, la sola condición de miembro del sistema penitenciario activa preguntas sobre protocolos de porte de armas fuera de funciones oficiales y sobre los controles en eventos masivos con presencia de candidatos presidenciales. La legislación colombiana establece restricciones al porte en espacios públicos y exige permisos específicos, cuya verificación ahora será materia del proceso judicial.

La respuesta institucional será determinante para definir si el caso queda como un episodio individual de porte irregular o si adquiere una connotación más amplia en la discusión sobre garantías democráticas. El Centro Democrático ya lo ha incorporado a su narrativa sobre debilitamiento de la seguridad, y su manejo judicial marcará el tono del debate público en una campaña que combina competencia electoral intensa con persistentes tensiones de orden público.