EN SÍNTESIS

La EPS Famisanar, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, adjudica un contrato por 4.095 millones de pesos a la empresa Oslo Ltda., con sede en Montería, pese a no tener afiliados en Córdoba. El acuerdo, firmado por el agente interventor Germán Darío Gallo Rojas, busca prestar asesoría para fortalecer procesos administrativos y tecnológicos. El representante Andrés Forero cuestiona la idoneidad de la firma, que reporta un capital de 5 millones y actividades principales ajenas a la consultoría en salud. La polémica surge mientras usuarios denuncian demoras en atención y la entidad continúa bajo prórroga de intervención estatal.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 27 de febrero de 2026 – La decisión de contratar una consultoría por más de 4.000 millones de pesos en un territorio donde no opera reabre el debate sobre cómo se están gestionando las EPS intervenidas por el Estado. En el caso de EPS Famisanar, la adjudicación a Oslo Ltda., una microempresa radicada en Montería, tensiona la promesa central de la intervención, sanear finanzas y mejorar la atención, frente a la percepción de que los recursos podrían estar destinándose a gastos administrativos discutibles.

El contrato fue suscrito por el agente interventor Germán Darío Gallo Rojas y tiene como objeto la prestación de servicios de asesoría y consultoría para el fortalecimiento institucional y la mejora de procesos administrativos y tecnológicos. La controversia no se centra únicamente en la naturaleza intangible de la consultoría, sino en la relación entre el monto contratado y las características de la empresa seleccionada. Según documentos divulgados por el representante a la Cámara Andrés Forero, Oslo Ltda. reporta un capital de 5 millones de pesos y un objeto social orientado principalmente a recuperación de cartera, administración de inmuebles y servicios generales, con referencias genéricas a consultorías.

La denuncia tomó fuerza en redes sociales luego de que Forero publicara copias del contrato y del certificado de Cámara de Comercio de Montería. El congresista calificó de “turbio” al interventor y sostuvo que el acuerdo sería una muestra de uso ineficiente de los recursos de la EPS. El contraste entre el tamaño financiero de la contratista y el valor del negocio, así como la ausencia de afiliados de Famisanar en Córdoba, alimentó cuestionamientos sobre la lógica técnica y territorial de la decisión.

El episodio se suma a críticas previas sobre el incremento de la nómina durante la administración de Gallo. Forero había denunciado la vinculación de decenas de personas en un corto periodo, con costos mensuales cercanos a 700 millones de pesos y remuneraciones que, según su versión, resultaban atípicas para ciertos perfiles. También advirtió sobre modificaciones en el manual de funciones que habrían ampliado la planta contratada para 2025. Estas revelaciones consolidaron una narrativa de expansión administrativa en una entidad que fue intervenida precisamente por deterioro financiero y fallas en la prestación del servicio.

La intervención de Famisanar fue ordenada en septiembre de 2023 por la Superintendencia Nacional de Salud tras detectar incumplimientos en estándares de habilitación, inconsistencias en reportes y un aumento sostenido de quejas de usuarios. La medida, prorrogada hasta septiembre de 2026, trasladó la administración a un agente designado con el mandato de estabilizar indicadores financieros y garantizar continuidad en la atención de más de cuatro millones de afiliados del régimen contributivo.

En teoría, la figura de intervención busca corregir desbalances estructurales y blindar los recursos que provienen de la Unidad de Pago por Capitación y otras fuentes del sistema. Sin embargo, los contratos de asesoría y fortalecimiento institucional suelen ser difíciles de evaluar en términos de resultados concretos. A diferencia de la compra de medicamentos o el pago a clínicas, su impacto depende de indicadores internos y de mejoras de gestión que no siempre son visibles de inmediato, lo que incrementa la exigencia de transparencia y trazabilidad.

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EL SILENCIO DE LA SUPERINTENDENCIA: Como autoridad que ejerce vigilancia directa sobre la EPS intervenida, su rol no se limita a designar al agente, sino a supervisar la legalidad y racionalidad de las decisiones adoptadas bajo la medida. La ausencia de un pronunciamiento oficial deja abierta la discusión sobre los controles aplicados al contrato y sobre la evaluación técnica que respaldó su aprobación.

La presión ahora se concentra en los organismos de control y en la propia Superintendencia. La determinación de abrir o no investigaciones formales, revisar el alcance del contrato o exigir explicaciones detalladas marcará el rumbo del caso. De esa respuesta dependerá si el episodio se consolida como un cuestionamiento estructural al modelo de intervención o si queda circunscrito a una controversia puntual dentro de un proceso más amplio de reorganización administrativa.