EN SÍNTESIS

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que entregará en custodia a la Procuraduría General de la Nación el código fuente y la totalidad del software que operará el preconteo, los escrutinios y la transmisión de resultados en las elecciones del 8 de marzo de 2026. El registrador Hernán Penagos informó que el programa será “congelado” mediante la generación de un hash cuya huella se entregará a auditores y observadores para verificar que no existan alteraciones. La medida, acordada tras una reunión con el procurador Gregorio Eljach, busca reforzar garantías frente a denuncias de posible fraude.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 26 de febrero de 2026 – La decisión no solo introduce un procedimiento técnico adicional, también expone la magnitud de la desconfianza que rodea al componente tecnológico de las elecciones en Colombia. Al trasladar el código fuente al despacho del Ministerio Público y fijar una huella digital verificable, la autoridad electoral intenta convertir un debate político en una discusión comprobable. El centro de la controversia deja de ser una sospecha abstracta y pasa a ser un archivo concreto cuya integridad puede contrastarse.

El anuncio se produjo luego de una reunión en una sala de sistemas de la entidad, donde el registrador Hernán Penagos y el procurador Gregorio Eljach revisaron el funcionamiento del software que contabilizará los votos en las legislativas y presidenciales de 2026. Penagos explicó que el código será congelado y que de él se generará un hash, una clave única que cambia ante cualquier modificación. Esa huella se distribuirá a los auditores de los partidos y a las misiones de observación para que puedan verificar que el programa utilizado en el preconteo y en el escrutinio sea exactamente el mismo que fue revisado previamente.

La medida incluye una auditoría forense posterior a cargo de la firma internacional Capel. Esa revisión examinará la ejecución de las líneas de programación y certificará si los algoritmos y el procesamiento de datos se mantuvieron intactos durante la jornada. La combinación entre custodia institucional y verificación técnica externa busca construir una cadena de control que no dependa únicamente de la palabra de la Registraduría.

La Procuraduría, que desde 2025 instaló una mesa técnica permanente para vigilar los sistemas informáticos de la Organización Electoral, asumirá la custodia formal del código. Según lo anunciado, su papel será preservar el archivo y apoyar la verificación de que el software ejecutado el día de la elección corresponda al mismo que fue congelado. Los partidos políticos contarán con una semana previa para examinar el código y formular observaciones, lo que amplía el margen de control político y técnico.

ANTECEDENTE: El acontecimiento más cercano se remonta a 2014, cuando bajo la gestión del entonces registrador Carlos Ariel Sánchez parte de los códigos de preconteo y escrutinio fueron entregados en custodia a la Procuraduría como mecanismo preventivo. Años después, la contratación de sistemas privados durante la administración de Alexander Vega generó cuestionamientos y abrió indagaciones preliminares en la Fiscalía por el caso Indra. El debate se profundizó con un fallo del Consejo de Estado que ordenó que el software de escrutinio fuera estatal y auditable por todos los partidos, lo que obligó a la Organización Electoral a adquirir un sistema propio.

Las tensiones recientes entre el presidente Gustavo Petro y la Registraduría reactivaron ese trasfondo. El mandatario ha advertido sobre riesgos de fraude o posibles fallas en el escrutinio, declaraciones que incrementaron la presión sobre la autoridad electoral. La entrega del código al Ministerio Público opera entonces como una respuesta institucional que busca reducir el margen para cuestionamientos posteriores y mostrar un esquema de control compartido.

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En el fondo, la discusión no gira solo en torno a un programa informático, sino a la legitimidad del árbitro electoral. Errores logísticos y demoras en procesos anteriores deterioraron la percepción de solidez del sistema. La utilización de un hash como huella digital introduce un estándar técnico que permite detectar cualquier alteración y ofrecer evidencia objetiva en caso de controversia. La confianza deja de apoyarse exclusivamente en la reputación institucional y se traslada a la posibilidad de verificación independiente.

La credibilidad del mecanismo dependerá de la coherencia entre lo anunciado y lo ejecutado. Si la huella digital coincide en todas las fases y la auditoría forense confirma la integridad del software, la Registraduría y la Procuraduría contarán con un respaldo técnico para responder a impugnaciones. Si aparecieran inconsistencias entre el código congelado y el programa utilizado, o si se detectaran alteraciones en la ejecución, se abriría un nuevo capítulo de investigaciones disciplinarias y penales que pondría a prueba la arquitectura electoral. En esa línea se juega algo más que un resultado puntual, se define la capacidad del sistema para sostener su propia legitimidad frente a la polarización política.