EN SÍNTESIS

Al menos siete familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han obtenido contratos y cargos en entidades del Estado por más de 3.000 millones de pesos desde finales de 2022, según denuncias de la representante Katherine Miranda y las bases de datos oficiales de contratación. Cruces de esos registros permiten identificar alrededor de 22 contratos firmados a nombre de parientes del ministro entre noviembre de 2022 y enero de 2026. El episodio se inserta en un debate más amplio sobre la contratación directa en el actual gobierno, que solo en enero de 2026 comprometió cerca de 14 billones de pesos mediante esta modalidad, de acuerdo con cifras de control fiscal.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 26 de febrero de 2026 – Lo que está en juego no es solo la suma de contratos atribuidos a familiares del ministro de Salud, sino la coherencia entre el discurso anticorrupción del gobierno y las prácticas de vinculación al Estado durante su administración. El caso de Guillermo Alfonso Jaramillo se convirtió en el ejemplo más voluminoso de una tendencia que varios medios han descrito como “famicracia”, en referencia a la presencia de parientes de altos funcionarios en nóminas y contratos públicos.

La denuncia más reciente fue presentada el 22 y 23 de febrero de 2026 por la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde. En declaraciones públicas y entrevistas radiales, Miranda afirmó que la familia de Jaramillo ha recibido más de 3.200 millones de pesos en contratos y salarios desde el inicio del actual gobierno. Desagregó los montos y señaló vínculos contractuales específicos con distintas entidades.

Con base en los registros de contratación pública, se han identificado al menos 22 contratos suscritos entre noviembre de 2022 y enero de 2026 a nombre de parientes del ministro, por montos que superan los 2.000 millones de pesos. Entre ellos está su cuñada, María Clara Berrocal, con cuatro contratos en la Jurisdicción Especial para la Paz por más de 390 millones, y su sobrino Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, con 12 contratos que en conjunto sobrepasan los 1.400 millones de pesos en entidades como la Empresa Férrea Regional.

Miranda resaltó que este último fue sancionado disciplinariamente por la Procuraduría en 2023 e imputado por interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito en el caso Odebrecht, y que aun así continuó contratando con el Estado. A ello se suma otro sobrino, Sebastián Jaramillo Berrocal, con un contrato cercano a 72 millones de pesos en el Ministerio de Ciencia.

El listado incluye además al hijastro del ministro, Sebastián Laverde Gómez, con un contrato por casi 97 millones de pesos en la ADRES; a su hermano, Omar Jaramillo, con un contrato por 38 millones en la Contraloría; y a su hijo Alejandro Jaramillo Gómez, quien ocupa el cargo de director de ProColombia en el Reino Unido con una remuneración anual cercana a 720 millones de pesos. La esposa del ministro, Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud en la Superintendencia Nacional de Salud y, según los reportes, recibe una asignación anual cercana a 492 millones de pesos.

EL DEBATE NO COMENZÓ ESTE AÑO: En mayo de 2025 ya se habían formulado cuestionamientos en el Congreso sobre la presencia de allegados del ministro en el sector público, en particular por el rol de Gómez Consuegra en la Superintendencia de Salud y su presunta participación en decisiones contractuales relacionadas con un buque hospital para el Amazonas. En ese momento, el presidente Gustavo Petro defendió públicamente el nombramiento de la funcionaria y sostuvo que había ingresado a la entidad en el gobierno anterior, descartando que existiera nepotismo o inhabilidad atribuible a su administración.

La discusión se amplió cuando un informe de la Contraloría evidenció que, solo en enero de 2026, el Gobierno central suscribió más de 160.000 contratos por contratación directa que suman alrededor de 14,8 billones de pesos, en un pico previo a la entrada en vigor de las restricciones electorales. A partir de esas cifras, distintos análisis públicos han puesto la lupa sobre contratos otorgados a familiares de altos funcionarios; dentro de ese conjunto, la red asociada a Guillermo Alfonso Jaramillo aparece entre las más numerosas y cuantiosas.

Desde el punto de vista jurídico, tener familiares vinculados al Estado no constituye por sí mismo una irregularidad. El punto crítico es si existieron conflictos de interés, injerencia indebida o vulneración de los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades. La ausencia, hasta ahora, de un informe detallado del Ministerio de Salud o de las demás entidades involucradas que desmonte las acusaciones mantiene abierto el cuestionamiento político.

La controversia también tensiona la relación entre el Ejecutivo y sectores que inicialmente integraron la coalición de gobierno. La denuncia proviene de una congresista que, aunque no pertenece a la oposición tradicional, ha sido crítica de prácticas de contratación en distintas carteras. El señalamiento refuerza la narrativa opositora de que el petrismo habría reproducido dinámicas de clientelismo que cuestionó en el pasado.

La decisión de los órganos de control será determinante para definir el alcance institucional del caso. Si la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía encuentran irregularidades concretas en la adjudicación de estos contratos, el debate pasará del plano ético al disciplinario o penal. Si las investigaciones concluyen que las vinculaciones fueron legales aunque políticamente controvertidas, el impacto se concentrará en el desgaste del discurso de cambio que el gobierno ha defendido desde 2022.