EN SÍNTESIS

Dos candidatos en campaña, Ana Libia Guetio en el Cauca y Andrés Fernando Vásquez Vargas en el Cesar, reaparecen con vida tras haber sido reportados como desaparecidos el 25 de febrero en zonas de alto riesgo. Guetio, lideresa indígena nasa y aspirante a una curul de paz, pierde contacto en área rural de El Tambo y su vehículo es robado; Vásquez, candidato al Senado por el Partido Conservador, es interceptado en Pelaya y denuncia retención por desconocidos. Las autoridades investigan si hubo secuestro o privación ilegal de la libertad. Los casos elevan alertas sobre garantías de seguridad en la campaña de 2026.

EN PROFUNDIDAD

El Tambo/Pelaya, 27 de febrero de 2026 – La coincidencia temporal de dos desapariciones de aspirantes en campaña, en regiones marcadas por conflictividad armada y economías ilícitas, vuelve a poner en cuestión la capacidad del Estado para garantizar competencia electoral en territorios periféricos. Que una lideresa indígena que disputa una curul de paz y un dirigente conservador que busca un escaño en el Senado hayan atravesado episodios similares en la misma semana no es un dato menor en un proceso que apenas comienza a tomar forma.

Ana Libia Guetio, integrante del pueblo nasa y candidata a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en el Cauca, pierde contacto la noche del 25 de febrero cuando se desplazaba desde el corregimiento de Pandiguando, en El Tambo, hacia el municipio de Morales tras una actividad proselitista. Su equipo reporta que hacia las 8.40 p. m. deja de responder llamadas. Horas después se activa la guardia indígena y se alertan rutas institucionales de búsqueda en un departamento con presencia de disidencias, estructuras posparamilitares y economías asociadas al narcotráfico.

La Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría confirman posteriormente que la aspirante aparece con vida y se dirige nuevamente hacia El Tambo. Las primeras versiones indican que el vehículo en el que se movilizaba fue hurtado, pero no existe todavía un relato completo de lo ocurrido ni responsables identificados. La investigación sigue abierta para establecer si se trató de un secuestro, una retención ilegal o un delito común agravado por el contexto territorial.

En paralelo, Andrés Fernando Vásquez Vargas, candidato al Senado por el Partido Conservador, es reportado como desaparecido también el 25 de febrero en Pelaya, sur del Cesar. Había llegado al municipio para visitar a su padre y debía salir en la madrugada rumbo a Aguachica para atender una entrevista. Su automóvil aparece frente a la vivienda familiar, con las puertas abiertas y pertenencias en su interior, lo que lleva a dirigentes de su colectividad a plantear la hipótesis de un posible secuestro.

Vásquez reaparece en la noche del 26 de febrero y declara que fue interceptado al amanecer por hombres encapuchados que lo trasladaron a una casa en el mismo municipio, donde permaneció varias horas retenido. Asegura que sus captores no se identificaron como miembros de ningún grupo armado y sugiere que el hecho podría estar vinculado con procesos judiciales que adelanta contra las entidades de gestión de derechos de autor Sayco y Acinpro. La Gobernación del Cesar señala que no existe prueba concluyente de secuestro y que el caso será esclarecido por la Fiscalía con base en entrevistas formales y análisis de evidencia.

Ambos episodios se desarrollan en zonas incluidas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, creados tras el Acuerdo de Paz para priorizar regiones históricamente afectadas por el conflicto. Las curules de paz, que buscan ampliar la representación política de víctimas y comunidades marginadas, se disputan precisamente en entornos donde la presencia estatal es limitada y la presión de actores armados ilegales sigue siendo determinante. Organizaciones indígenas del Cauca advierten que la desaparición de Guetio evidencia la vulnerabilidad de quienes hacen campaña en territorios con control fragmentado.

En el sur del Cesar, además del componente de orden público, emerge una arista distinta. Si se confirma que la retención de Vásquez estuvo relacionada con disputas jurídicas o intereses económicos, el caso ampliaría el foco del riesgo electoral más allá de la lógica tradicional del conflicto armado. La gestión de derechos de autor mueve recursos significativos y ha sido escenario de controversias judiciales, lo que introduce variables que no necesariamente pasan por estructuras insurgentes o criminales.

La Fiscalía tiene ahora la tarea de reconstruir rutas, revisar cámaras de seguridad, contrastar testimonios y establecer líneas de tiempo precisas. La calificación jurídica de los hechos determinará si se trató de delitos contra la libertad individual con motivación política, de acciones de intimidación local o de conductas comunes en contextos de debilidad institucional.

El Gobierno enfrenta presión para reforzar esquemas de protección, no solo para Guetio y Vásquez, sino para otros aspirantes en regiones PDET. Lo que se concluya en estos expedientes marcará la narrativa de la campaña en zonas rurales. Si se comprueba la intervención de grupos armados o redes criminales, el debate sobre garantías electorales se instalará con mayor fuerza. Si las indagaciones apuntan a hechos sin intencionalidad política clara, persistirá la señal de que competir en la periferia implica riesgos que el Estado todavía no logra neutralizar.