EN SÍNTESIS

El gobierno de Ecuador anunció que desde el 1 de marzo de 2026 elevará del 30% al 50% la “tasa de seguridad” aplicada a todas las importaciones provenientes de Colombia. La decisión fue comunicada el 26 de febrero por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, que argumenta falta de acciones suficientes de Bogotá en la seguridad fronteriza. Anteriormente, Gustavo Petro ya había respondido al primer recargo con aranceles espejo del 30% y restricciones terrestres. La medida profundiza la disputa comercial en un contexto de creciente violencia ligada al narcotráfico en la frontera norte.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá/Quito, 26 de febrero de 2026 –El aumento al 50% convierte lo que comenzó como una presión política en un conflicto comercial abierto entre Quito y Bogotá. La decisión del gobierno de Daniel Noboa no solo incrementa el costo de los bienes colombianos en el mercado ecuatoriano, sino que eleva el tono de un diferendo que mezcla seguridad, comercio e integración regional.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones justificó el endurecimiento tras evaluar el primer mes de vigencia del recargo del 30%, aplicado desde el 1 de febrero. Según el comunicado oficial, Colombia no adoptó medidas “concretas y efectivas” en la frontera común. Bajo ese argumento, Ecuador decidió ejercer lo que denomina acciones soberanas para proteger su territorio frente al crimen organizado y el narcotráfico.

El origen inmediato del choque se remonta al 21 de enero de 2026, cuando Noboa anunció en el Foro de Davos la creación de la tasa de seguridad. El mandatario sostuvo entonces que Ecuador registra un déficit comercial anual con Colombia superior a 1.000 millones de dólares y que sus Fuerzas Armadas enfrentan en la frontera norte a estructuras criminales con escasa cooperación del lado colombiano. La medida, dijo, financiaría tecnología, control fronterizo y operaciones contra economías ilegales.

La Aduana del Ecuador implementó el recargo del 30% desde el 1 de febrero sobre la mayoría de productos colombianos. El impacto potencial es amplio. Ecuador es uno de los principales destinos de exportación para manufacturas ligeras, alimentos procesados, químicos, plásticos y textiles colombianos. Un aumento de 20 puntos porcentuales adicionales reduce márgenes, encarece precios finales y puede desplazar proveedores en un mercado que históricamente ha sido relevante para empresas de ambos lados.

Bogotá respondió con un arancel espejo del 30% a determinados bienes ecuatorianos e invocó el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, que rige la Comunidad Andina, y el artículo XXI del GATT sobre seguridad nacional. Además, endureció controles en pasos fronterizos. El gobierno de Gustavo Petro calificó la decisión ecuatoriana de desproporcionada y advirtió que evalúa acudir a instancias comunitarias y multilaterales.

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El trasfondo es más profundo que un simple desbalance comercial. Ecuador atraviesa una crisis de seguridad asociada a su papel como corredor de salida de droga hacia mercados internacionales. En los últimos años, el país ha registrado un aumento sostenido de homicidios y la expansión de bandas vinculadas al narcotráfico. Noboa ha decretado estados de excepción y reforzado la presencia militar en varias provincias, incluidas Esmeraldas y Sucumbíos, limítrofes con Colombia. Desde Quito se insiste en que parte de las estructuras criminales operan a ambos lados de la línea divisoria.

La utilización de un instrumento arancelario como palanca de presión tensiona el marco jurídico andino. La Comunidad Andina establece la libre circulación de bienes entre sus miembros, salvo excepciones justificadas. El recurso a la seguridad nacional abre un margen de interpretación, pero su uso reiterado en un contexto comercial puede derivar en controversias formales. Si ambos países sostienen sus posiciones, el caso podría escalar a un proceso de solución de diferencias tanto en la Comunidad Andina como en la Organización Mundial del Comercio.

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El efecto económico no es menor. Un recargo del 50% altera de manera drástica la competitividad de los bienes colombianos. Importadores ecuatorianos enfrentan mayores costos y podrían trasladarlos al consumidor o sustituir proveedores. Del lado colombiano, sectores exportadores advierten sobre pérdidas de mercado y riesgos para el empleo. La presión empresarial podría convertirse en un factor determinante en la evolución del conflicto.

La definición ahora pasa por Bogotá. El gobierno de Petro debe decidir si profundiza las represalias, acude de inmediato a instancias jurídicas internacionales o apuesta por una negociación directa con Quito. La capacidad de ambos ejecutivos para separar la agenda de seguridad de la comercial será clave para evitar que la disputa erosione de forma duradera la integración andina y el intercambio bilateral que ha caracterizado la relación entre los dos países.