EN SÍNTESIS

El abogado Barry Pollack informa al juez federal Alvin K. Hellerstein que Nicolás Maduro no puede pagar su defensa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro revocó una licencia que permitía al Gobierno de Venezuela cubrir sus honorarios. La autorización fue concedida el 9 de enero y modificada tres horas después para excluir a Maduro, aunque mantuvo el permiso para la defensa de Cilia Flores. Pollack sostiene que la decisión vulnera el derecho constitucional a elegir abogado. Maduro y Flores, detenidos en Nueva York tras la intervención del 3 de enero, enfrentan cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

EN PROFUNDIDAD

Nueva York, 26 de febrero de 2026 – La controversia no gira solo en torno a quién paga unos honorarios legales. Lo que está en juego es la intersección entre la política de sanciones de Estados Unidos y las garantías procesales que rigen un juicio federal de alto perfil. La decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, de impedir que el Gobierno venezolano financie la defensa de Nicolás Maduro introduce una tensión jurídica que puede incidir en la legitimidad del proceso.

Barry Pollack, abogado penalista con más de tres décadas de experiencia en casos complejos, notificó por carta al juez Alvin K. Hellerstein que su cliente no dispone de recursos alternativos para cubrir los costos de su representación. En el documento, fechado el 20 de febrero, afirma que la legislación y la práctica administrativa venezolana obligan al Estado a asumir los gastos de defensa de un expresidente y de la primera dama. Según su relato, OFAC otorgó el 9 de enero una licencia específica que habilitaba esos pagos, pero la modificó horas después para excluir cualquier transferencia destinada a Maduro, mientras mantuvo la autorización para Cilia Flores.

La causa penal que enfrenta el exmandatario se remonta a investigaciones abiertas años atrás por el Departamento de Justicia, que lo vinculó con el denominado Cartel de los Soles y con una presunta alianza con las FARC para enviar cocaína a territorio estadounidense. Durante su permanencia en el poder en Caracas, las acusaciones quedaron sin efecto práctico. La intervención militar del 3 de enero y su posterior traslado a Nueva York reactivaron de inmediato los cargos por narcoterrorismo, conspiración y tráfico de drogas en la Corte del Distrito Sur.

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Desde 2017, Washington ha impuesto un entramado de restricciones financieras contra el Gobierno venezolano, incluida la designación de Maduro como persona bloqueada y el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense. OFAC administra ese régimen y puede emitir licencias que permiten operaciones específicas prohibidas en principio por las sanciones, entre ellas el pago de servicios legales. Ese mecanismo es el que ahora se encuentra en disputa.

Pollack sostiene que impedir el uso de fondos estatales interfiere en el derecho reconocido por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza asistencia letrada y, dentro de ciertos márgenes, la posibilidad de escoger abogado. En su argumentación, la negativa del Tesoro no solo limita la capacidad de su cliente para sostener una defensa privada, sino que constituye una injerencia directa del poder ejecutivo en un proceso judicial en curso.

El Gobierno estadounidense no ha detallado públicamente las razones de la modificación de la licencia. Distintos medios han señalado que las autoridades podrían considerar que Maduro dispone de activos personales suficientes para contratar representación sin recurrir a recursos públicos venezolanos. También subyace un componente político. Permitir que el Estado que encabezó financie su defensa puede interpretarse como un uso de fondos públicos en beneficio de un acusado por narcoterrorismo, en un contexto en el que Washington respalda una transición en Caracas.

El caso trasciende el expediente individual. Para la administración estadounidense, las sanciones constituyen una herramienta de presión diplomática y económica. Para la defensa, esas mismas restricciones no pueden vaciar de contenido un derecho fundamental en un tribunal federal. Si la Corte entendiera que el bloqueo compromete la equidad del proceso, el debate se desplazaría hacia los límites constitucionales de la política sancionatoria cuando un sancionado enfrenta cargos penales.

La decisión inmediata recae en el juez Hellerstein, a quien Pollack anticipó que podría solicitar intervención formal si el Tesoro no restablece la autorización original. Su determinación marcará el alcance del control judicial sobre las decisiones administrativas que inciden en un juicio penal. De ella dependerá si el proceso avanza con el equipo de defensa elegido por Maduro o si el acusado debe recurrir a representación pública, con las implicaciones jurídicas y políticas que esa alternativa conlleva.