EN SÍNTESIS

Bill y Hillary Clinton aceptan rendir declaración ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes en la investigación sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Hillary declarará el 26 de febrero de 2026 y Bill el 27, en deposiciones grabadas en su residencia de Chappaqua, Nueva York. El acuerdo se produce tras meses de negativa a cumplir citaciones emitidas en agosto de 2025 y cuando el pleno se preparaba para votar su desacato penal. La pesquisa examina los vínculos de Epstein con figuras de poder y la actuación de distintas administraciones federales en el manejo del caso.

EN PROFUNDIDAD

Washington, 26 de febrero de 2026 – La decisión del matrimonio Clinton desactiva, al menos de forma temporal, una confrontación directa entre el Congreso y dos de las figuras más influyentes del Partido Demócrata. No se trata solo de su comparecencia en una investigación de alto perfil, sino de una prueba sobre hasta dónde puede llegar el poder de supervisión legislativa frente a exmandatarios y exsecretarios de Estado en un caso que combina delitos sexuales, redes de influencia y sospechas de fallas institucionales.

El Comité de Supervisión, presidido por el republicano James Comer, amplió en 2025 el alcance de su pesquisa para examinar no solo las actividades de Jeffrey Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, sino también la actuación del Departamento de Justicia y del FBI en distintas etapas del caso. La aprobación del Epstein Files Transparency Act obligó al Ejecutivo a entregar más documentación y dio nuevo impulso a un proceso que ya contaba con respaldo bipartidista.

En agosto de 2025, el comité emitió citaciones para Bill Clinton, expresidente entre 1993 y 2001, y para Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y excandidata presidencial, con el objetivo de esclarecer qué sabían sobre Epstein y si mantuvieron algún tipo de contacto relevante durante o después de sus responsabilidades públicas. También fueron citados exfuncionarios del Departamento de Justicia, aunque varias de esas comparecencias se cancelaron tras declaraciones juradas en las que aseguraban no tener información sustantiva.

Los Clinton rechazaron inicialmente acudir en persona. Alegaron que las citaciones carecían de propósito legislativo legítimo, que eran inconstitucionales y que respondían a motivaciones partidistas. Ofrecieron declaraciones escritas similares a las de otros exfuncionarios. Comer no aceptó esa fórmula y el comité avanzó en enero de 2026 con informes que recomendaban declararlos en desacato penal por incumplimiento. La votación interna mostró fisuras en el bloque demócrata, con varios miembros apoyando la medida, lo que elevó el costo político de mantener la negativa.

El giro se produjo cuando el pleno de la Cámara se preparaba para votar las resoluciones de desacato. Ante la posibilidad real de una remisión al Departamento de Justicia, los Clinton aceptaron someterse a deposiciones grabadas y transcritas, fuera del Capitolio y en su residencia de Chappaqua. El formato acordado preserva la formalidad del proceso legislativo y, al mismo tiempo, evita la imagen de una comparecencia pública bajo interrogatorio televisado.

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LOS ARCHIVOS EPSTEIN: El trasfondo del interés del comité se remonta a la trayectoria judicial de Epstein. En 2008 logró un acuerdo en Florida por cargos estatales de prostitución con menor de edad que le permitió eludir acusaciones federales más graves, un arreglo que durante años fue señalado como ejemplo de indulgencia hacia un acusado con conexiones influyentes. Su arresto federal en 2019 y su muerte en una cárcel de Nueva York, oficialmente catalogada como suicidio, reactivaron sospechas sobre posibles tratos preferenciales y contactos con figuras de poder.

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La relación de Bill Clinton con Epstein ha sido documentada en registros de vuelo y expedientes judiciales que muestran viajes en el avión privado del financiero tras dejar la Casa Blanca, incluidos desplazamientos a Europa y a la isla Little St. James. El expresidente ha sostenido que esos viajes estuvieron vinculados a actividades filantrópicas de la Fundación Clinton y que cortó todo vínculo antes de que se conocieran los delitos. Hillary Clinton ha afirmado no haber tenido relación personal con Epstein.

Más allá de los nombres propios, la investigación refleja una presión política y social distinta a la de décadas anteriores. La demanda de transparencia y la centralidad de las víctimas de abuso sexual han reducido el margen para que figuras históricas queden al margen del escrutinio. El respaldo de algunos demócratas a las citaciones indica que el cálculo partidista convive con una preocupación por no aparecer como defensores automáticos de líderes del pasado.

James Comer ha insistido en que “nadie está acusando a los Clinton de un delito” y que el objetivo es comprender cómo Epstein y Maxwell intentaron ganar influencia y evitar rendición de cuentas. El demócrata Robert Garcia ha subrayado el interés en la dimensión internacional de la red y en posibles contactos con gobiernos extranjeros, lo que amplía el foco más allá del debate doméstico.

La atención ahora se desplaza a lo que revelen las respuestas bajo juramento. Si las deposiciones confirman lo ya conocido y no aportan elementos nuevos, el liderazgo republicano deberá decidir si cierra el capítulo con un informe crítico o si mantiene la presión con nuevas diligencias. Si emergen detalles adicionales sobre contactos, advertencias o decisiones administrativas, el comité tendrá margen para recomendar reformas legales o incluso remisiones adicionales al Departamento de Justicia.

El precedente institucional que deje esta comparecencia será observado de cerca por futuros ocupantes de la Casa Blanca y por el propio Congreso. La forma en que se utilicen las transcripciones, y el equilibrio entre supervisión legítima y confrontación partidista, marcarán el alcance real de esta investigación y su impacto en la relación entre el poder legislativo y quienes ya abandonaron el Ejecutivo.