EN SÍNTESIS

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, desmintió públicamente las acusaciones de José Félix Lafaurie sobre supuestos dineros ilegales en la campaña de su hijo. En entrevista con La FM, asegura que los recursos fueron lícitos y en buena parte familiares, y califica de “mentiras” los señalamientos de que se hizo campaña “a plata, a manos llenas”. El cruce ocurre en medio de la crisis interna del Centro Democrático tras la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial, proceso que Lafaurie denuncia como manipulado.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 25 de febrero de 2026 – La disputa ya no se limita a la encuesta interna que eligió candidata presidencial en el Centro Democrático. Ahora atraviesa la memoria de Miguel Uribe Turbay y coloca en el centro del debate la legitimidad de su campaña, asesinada por la violencia y convertida en símbolo para un sector del uribismo. La intervención pública de su padre introduce un elemento adicional en una fractura partidista que sigue abierta.

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José Félix Lafaurie, dirigente histórico del partido y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, ha sostenido que la campaña de Uribe Turbay se desplegó con abundantes recursos, fuerte pauta digital y asesoría externa, y que ese modelo habría incidido en dinámicas posteriores dentro del partido. En entrevistas y en su carta de renuncia al Centro Democrático, habló de irregularidades en la encuesta que dio como ganadora a Paloma Valencia y sugirió que el uso de dinero pudo inclinar procesos internos.

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EL PADRE SALE EN DEFENSA: Frente a esa narrativa, Miguel Uribe Londoño respondió en medios radiales que su hijo “no hizo nada mal hecho” y que la financiación fue limpia, honesta y honorable. Afirmó que los recursos provinieron de fuentes legales, incluidos aportes familiares, y negó que hubiera dinero irregular o estructuras externas operando en los términos que describe Lafaurie. También cuestionó las referencias a asesores extranjeros en momentos en que, según su versión, ni siquiera había campaña activa.

El cruce obliga a precisar el alcance de la acusación. Si la tesis es que hubo manipulación mediante recursos económicos, ello implicaría responsabilidades que irían más allá de un precandidato. Alcanzaría a la dirección partidista, a los operadores del mecanismo interno y a las firmas encuestadoras que participaron en el proceso. Hasta ahora no hay anuncios de investigaciones formales por parte de autoridades electorales o judiciales. El debate se mantiene en el plano político y mediático.

La controversia se conecta con la renuncia de Lafaurie al Centro Democrático tras denunciar fraude en la encuesta que enfrentó a Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Según su versión, existieron irregularidades que alteraron resultados y afectaron las posibilidades de Cabal. La dirección del partido ha defendido la legitimidad del procedimiento y ha respaldado la candidatura de Valencia, mientras sectores críticos hablan de sesgos y preferencias internas.

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El trasfondo estructural es más amplio que un choque personal. Las campañas internas y precampañas en Colombia se mueven en un terreno con menos controles que las campañas oficiales. La pauta digital, los consultores y los aportes privados pueden operar con niveles de escrutinio limitados, lo que alimenta sospechas cuando no hay información detallada disponible públicamente. Negar la existencia de recursos irregulares resulta tan complejo de probar como demostrar que los hubo si no median auditorías independientes.

En este caso, el componente emocional amplifica la tensión. Miguel Uribe Turbay fue asesinado y su figura adquirió un peso simbólico dentro del uribismo. Asociar su nombre a presuntas prácticas indebidas no solo impacta la discusión sobre reglas internas, sino que toca fibras personales y políticas. Por eso Uribe Londoño pidió que se deje descansar a su hijo y que cualquier diferencia se dirima con los vivos y no con quien ya no puede responder.

La decisión que adopte la dirección del Centro Democrático será determinante. Si opta por cerrar filas sin abrir espacios de verificación, consolidará la candidatura de Valencia pero mantendrá viva la sospecha en un sector inconforme. Si promueve revisiones internas o mayor transparencia sobre financiación y metodología, podría atenuar la fractura aunque al costo de exponer tensiones adicionales. La forma en que se gestione esta controversia marcará la capacidad del partido para proyectar cohesión de cara a 2026.