EN SÍNTESIS

El presidente Gustavo Petro asegura que presentó en Pereira a una testigo que habría trabajado para ASD, filial de Thomas Greg & Sons, contratista del preconteo electoral, y que presenció diligenciamientos irregulares de formularios antes del cierre de mesas. Afirma que el sistema privatizado es ilegal y desconoce un fallo del Consejo de Estado que ordenó que el software electoral fuera estatal. La Registraduría Nacional del Estado Civil y el consorcio defienden la legalidad del esquema. El debate se intensifica a semanas de las elecciones de 2026.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 25 de febrero de 2026 – La denuncia del jefe de Estado no introduce solo una crítica técnica al preconteo, sino que instala la idea de un problema estructural en la arquitectura electoral. Al afirmar que llevó a Pereira a una testigo presencial de presuntas irregularidades cometidas por personal vinculado a la empresa ASD, Petro transforma una discusión jurídica sobre software en una acusación directa de manipulación operativa. La implicación es mayor que la disputa contractual. Si el preconteo está viciado, sostiene, la legitimidad política queda en entredicho.

Según el mandatario, la testigo habría observado cómo contratistas diligenciaban formularios con casillas en blanco antes del cierre oficial de mesas, alimentados con datos transmitidos telefónicamente desde otros departamentos. Esa práctica, de confirmarse, sugeriría una alteración en la etapa de consolidación preliminar. Petro sostiene que ese mecanismo habría operado en 2014 y 2022 y que afectó al Pacto Histórico. Hasta ahora no se conoce declaración formal de la supuesta testigo ante autoridades judiciales o electorales.

El núcleo del señalamiento apunta al modelo de tercerización tecnológica. Desde 2014, ASD, filial de Thomas Greg & Sons, ha participado en contratos de logística electoral y servicios asociados al preconteo. Ese mismo año, la Sala Plena del Consejo de Estado ordenó que el software electoral debía ser de propiedad y administración estatal. Petro interpreta que mantener a un privado en funciones críticas desconoce esa jurisprudencia y convierte el esquema en ilegal por diseño.

La Registraduría responde que el conteo oficial lo realizan jurados de votación y comisiones escrutadoras, mientras el preconteo cumple una función informativa sin efectos jurídicos definitivos. Además, sostiene que el software de escrutinio es administrado por la entidad desde 2021 y que los contratistas prestan servicios logísticos y de transmisión de datos. El consorcio liderado por Thomas Greg & Sons ha defendido la legalidad de los contratos adjudicados para 2026.

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ANTECEDENTES: En las legislativas de 2022 se detectaron inconsistencias en formularios E-14 que afectaron el preconteo y obligaron a ajustes en el escrutinio, episodio que alimentó sospechas sobre vulnerabilidades del sistema. En 2025, la Registraduría adjudicó un contrato superior a 2,1 billones de pesos a una unión temporal encabezada por Thomas Greg & Sons para organizar los comicios de 2026, decisión que profundizó el choque con el Ejecutivo.

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Organizaciones como la Misión de Observación Electoral han advertido que exigir auditorías técnicas es legítimo en cualquier democracia, pero subrayan que las acusaciones deben canalizarse por vías institucionales para evitar erosión de confianza. Analistas recuerdan que el preconteo influye en la percepción pública de victoria o derrota la noche electoral, aunque el resultado vinculante es el escrutinio oficial. La tensión radica en que percepción y legitimidad política suelen ir de la mano.

La controversia también tiene un componente político inevitable. Las denuncias provienen del presidente en ejercicio y se formulan cuando faltan pocas semanas para nuevas elecciones legislativas y consultas presidenciales. La oposición interpreta el discurso como una estrategia para anticipar cuestionamientos al resultado si no le es favorable. El Gobierno insiste en que se trata de prevenir riesgos y cumplir la jurisprudencia.

La decisión ahora recae en la capacidad institucional para absorber la denuncia sin que derive en una crisis de credibilidad. Si la testigo es presentada ante la Fiscalía o el Consejo Nacional Electoral y su relato es corroborado con evidencia técnica, el debate podría desplazarse hacia responsabilidades concretas y eventuales reformas. Si no se materializa en pruebas verificables, el efecto dominante será la persistencia de la sospecha sobre un sistema que depende, en última instancia, de la confianza ciudadana para sostener su legitimidad.