EN SÍNTESIS

El Gobierno de Gustavo Petro cerró el Presupuesto General de la Nación de 2025 con una ejecución cercana al 87%, por encima del 81% de 2024 pero aún por debajo del promedio histórico de 89%. De los más de 510 billones aprobados, se comprometió el 97,3%, aunque la conversión en obligaciones efectivas quedó rezagada. La Dian recaudó unos 296 billones frente a una meta de 305,5 billones, con un faltante de 9,4 billones. Para evitar un mayor deterioro fiscal, Hacienda recortó 12,5 billones y contó con mayores utilidades de entidades públicas. El mayor rezago se concentró en inversión.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 24 de febrero de 2026 – El cierre presupuestal de 2025 confirma una mejora frente al año anterior, pero deja intacta la discusión de fondo sobre la capacidad del Estado para transformar recursos aprobados en resultados concretos. El 87% de ejecución que reporta el Ministerio de Hacienda supera el mínimo histórico reciente de 2024, aunque sigue por debajo del promedio observado entre 2000 y 2024, cercano al 89% o 90%. La distancia no es marginal en un presupuesto que superó los 510 billones de pesos.

Las cifras muestran una brecha relevante entre compromisos y obligaciones. Hacienda informó que se comprometieron cerca de 496,5 billones, equivalentes al 97,3% de las apropiaciones. Sin embargo, el nivel de obligaciones, que refleja bienes y servicios efectivamente recibidos, se ubicó alrededor de 86% o 87%. Esa diferencia apunta a contratos firmados que no se tradujeron plenamente en ejecución material durante la vigencia, un indicador que economistas suelen asociar con cuellos de botella administrativos, demoras contractuales y restricciones de liquidez.

El rezago se concentró en la inversión pública. Aunque el rubro registró compromisos superiores al 97%, la ejecución efectiva quedó por debajo de los niveles de 2024 y del promedio histórico. En términos prácticos, esto significa que proyectos de infraestructura, programas sociales y apuestas estratégicas del plan de desarrollo avanzaron a un ritmo menor al previsto. La consecuencia inmediata es un arrastre de saldos que condiciona la programación de 2026 y reduce el impacto económico que se esperaba de ese gasto.

El desempeño de 2025 debe leerse a la luz del antecedente de 2024, cuando la ejecución cerró entre 81% y 83%, el registro más bajo de la serie reciente. En ese momento, centros de investigación como Fedesarrollo advirtieron que la debilidad en la gestión del gasto podía comprometer metas sociales y de crecimiento. El Ejecutivo atribuyó parte del resultado a restricciones derivadas de la regla fiscal, mayores pagos de deuda y ajustes para contener el déficit.

El frente de ingresos volvió a ser un factor determinante. La Dian recaudó aproximadamente 296 billones de pesos frente a una meta de 305,5 billones. El faltante de 9,4 billones implica un cumplimiento cercano al 97% y marca el tercer año consecutivo sin alcanzar el objetivo oficial. Aunque el monto es históricamente alto en términos absolutos, la brecha frente a lo proyectado obligó a recalibrar el gasto.

En la segunda mitad del año, el Ministerio de Hacienda decidió recortar cerca de 12,5 billones del presupuesto vigente para ajustar el tamaño del gasto a la realidad de caja. Esa decisión buscó evitar un deterioro mayor de las cuentas públicas en un entorno de déficit elevado y alto servicio de deuda. Para aliviar la presión, el Gobierno recibió mayores ingresos no tributarios, especialmente utilidades del Banco de la República y de empresas públicas, que superaron lo presupuestado y ofrecieron un respiro transitorio.

La combinación de menor recaudo frente a la meta y ejecución por debajo del promedio histórico tiene implicaciones macroeconómicas y políticas. Por un lado, limita el efecto expansivo de un presupuesto que en el papel es ambicioso. Por otro, alimenta cuestionamientos sobre la capacidad de gestión de la administración para convertir apropiaciones en obras y servicios. En un plan de desarrollo que apuesta por infraestructura, transición energética y transformación productiva, la velocidad de ejecución es determinante.

El dato de mejora frente a 2024 ofrece al Ejecutivo un argumento de gestión. Sin embargo, la comparación relevante para analistas y oposición es el promedio de largo plazo y el desempeño de otras administraciones. La discusión no se centra solo en cuánto se gasta, sino en qué tan eficientemente se ejecuta y con qué impacto.

La definición del presupuesto de 2026 dependerá de esa tensión entre ambición social y disciplina fiscal. Hacienda deberá decidir qué proyectos prioriza, cuáles aplaza y cómo ajusta las proyecciones de ingreso si la brecha tributaria persiste. El margen para apoyarse en utilidades extraordinarias es limitado y no sustituye un recaudo estructural sólido.

La ejecución de la inversión será el indicador que mida el cierre del mandato. Si la administración logra acelerar la materialización de proyectos estratégicos, podrá mostrar resultados tangibles más allá de las cifras de compromiso. Si el rezago persiste, el saldo será un volumen significativo de recursos aprobados sin traducirse plenamente en obras, con efectos sobre crecimiento, empleo y el legado fiscal que recibirá la siguiente administración.