EN SÍNTESIS

La Defensoría del Pueblo calificó como “una desgracia y un fracaso colectivo” la muerte de Cecilia Quintero, de 70 años, ocurrida el 24 de febrero de 2026 dentro de un dispensario de Cafam que opera para Nueva EPS en Cúcuta. La mujer reclamaba medicamentos e insumos que, según denunció en entrevista minutos antes de fallecer por un paro cardíaco súbito, le negaban desde septiembre de 2025 para su hijo con discapacidad, su esposo cardíaco y para ella, paciente renal. La entidad afirmó que la crisis de medicamentos “ha cruzado límites inhumanos” y exigió a EPS, operadores y autoridades asumir responsabilidades y corregir fallas estructurales.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 24 de febrero de 2026 – El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo eleva el caso de Cecilia Quintero del ámbito individual al terreno de la responsabilidad institucional. Al hablar de “fracaso colectivo” y advertir que la crisis de medicamentos ha cruzado límites inhumanos, la entidad no solo lamenta un fallecimiento, sino que cuestiona el funcionamiento de un sistema que, en sus palabras, convierte la salud y la vida en trámites, autorizaciones y pendientes.

La muerte ocurrió en el dispensario Cafam Caobos, en Cúcuta, donde Nueva EPS tiene contratado el servicio de entrega de medicamentos. Cecilia acudió para reclamar pañales y metadona para su hijo en condición de discapacidad, fármacos cardiovasculares para su esposo, operado del corazón, y eritropoyetina y tratamientos renales para ella. En declaraciones a medios locales afirmó que desde septiembre de 2025 no recibía esos insumos, pese a que su familia dependía de ellos para mantener estabilidad clínica.

Minutos después de exponer su situación ante periodistas, se desplomó en la sala de espera y sufrió un paro cardíaco fulminante. Testigos relataron que el colapso ocurrió en medio de la tensión por la negativa en la entrega. Paramédicos intentaron reanimarla sin éxito. El video con sus últimas palabras, difundido por varios medios nacionales, convirtió el hecho en un caso de alto impacto público.

Nueva EPS expresó condolencias y solicitó a las autoridades esclarecer las circunstancias del fallecimiento, al tiempo que anunció revisión de los procesos en el punto de dispensación. Cafam informó que activó protocolos de emergencia y señaló que la determinación de las causas clínicas corresponde a Medicina Legal y a la Fiscalía. La Defensoría, por su parte, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud y a los organismos de control investigar si existieron fallas en la entrega o en la atención oportuna.

El caso se inserta en un contexto de crecientes quejas por desabastecimiento y demoras en autorizaciones dentro del sistema de aseguramiento en salud. Desde 2023, organizaciones de pacientes y la propia Defensoría han advertido sobre barreras recurrentes para acceder a medicamentos esenciales para enfermedades crónicas, cáncer, hemofilia o patologías cardiovasculares. Nueva EPS, una de las aseguradoras con mayor número de afiliados en el país, ha estado bajo vigilancia y cuestionamientos por su situación financiera y por reportes de retrasos en la red de prestación.

En contexto: Procuraduría exige ajustes urgentes a Nueva EPS por fallas en entrega de medicamentos

En regiones como Norte de Santander, departamento fronterizo con presión migratoria y limitaciones históricas de infraestructura sanitaria, las tensiones se agravan. La concentración de usuarios en determinados operadores de dispensación genera cuellos de botella que impactan especialmente a adultos mayores y pacientes con tratamientos continuos. La Defensoría había venido haciendo seguimiento a compromisos previos sobre entrega oportuna de medicamentos, lo que explica el tono excepcionalmente severo de su reacción.

En el plano político, congresistas de distintos sectores responsabilizaron al Gobierno y al modelo de salud por el desenlace. Organizaciones sociales vincularon la muerte con otros casos recientes de pacientes que fallecieron mientras esperaban medicamentos formulados. El debate se reactivó en torno a la intermediación de las EPS, los controles sobre inventarios y la capacidad sancionatoria de la Superintendencia.

Lea también: “Si no se sube a la bicicleta, tiene menos riesgos”: Gustavo Petro sobre la muerte de Kevin Acosta

La Fiscalía y la Superintendencia tendrán ahora la tarea de establecer si existió omisión, negligencia administrativa o fallas sistemáticas en la dispensación. La historia clínica, los registros de autorizaciones y los inventarios del punto de entrega serán determinantes para definir responsabilidades. Nueva EPS y Cafam enfrentan presión pública para demostrar cambios verificables en tiempos de suministro y en protocolos de atención.

Lo que resuelva la Superintendencia y lo que determine la Fiscalía marcará el alcance real del mensaje de la Defensoría. Si las investigaciones derivan en sanciones y ajustes operativos concretos, el caso podría convertirse en un precedente sobre la obligación de garantizar continuidad en tratamientos esenciales. Si el proceso concluye sin consecuencias claras, la muerte de Cecilia Quintero quedará como una evidencia más de la distancia entre el reconocimiento formal del derecho a la salud y su garantía efectiva.