EN SÍNTESIS

El Ministerio de Trabajo publicó el borrador de decreto que ordena a las AFP trasladar a Colpensiones el 100% del ahorro, incluidos rendimientos, de 119.632 afiliados que se cambiaron del régimen privado al público mediante la “ventana de traslado” creada por la Ley 2381 de 2024. El monto superaría los 25 billones de pesos, según cifras divulgadas por gremios y medios especializados. Las administradoras y Asofondos sostienen que la medida modifica lo aprobado por el Congreso. El Gobierno afirma que reglamenta la ley y fortalece la sostenibilidad del régimen público. La reforma sigue suspendida en la Corte Constitucional.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 24 de febrero de 2026 – Lo que está en discusión no es solo un trámite operativo entre entidades previsionales. El borrador de decreto reabre la disputa sobre quién controla una parte sustancial del ahorro de los trabajadores colombianos y hasta dónde puede llegar el Ejecutivo cuando la norma que pretende reglamentar permanece bajo revisión judicial.

El proyecto, publicado por el Ministerio de Trabajo para comentarios, establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas deberán transferir a Colpensiones la totalidad del saldo acumulado por quienes se trasladaron del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media. La obligación incluye capital e intereses y fija un plazo de quince días hábiles para efectuar el giro una vez se expida la norma. De acuerdo con cifras difundidas por gremios y medios especializados, el monto comprometido supera los 25 billones de pesos.

Los recursos pertenecen a 119.632 afiliados que aprovecharon la ventana excepcional de traslado creada por la reforma pensional aprobada en 2024 como Ley 2381. Esa disposición permitió que personas cercanas a la edad de jubilación o con determinadas semanas cotizadas migraran del esquema de ahorro individual administrado por fondos como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia al régimen público gestionado por Colpensiones.

El punto de fricción radica en el artículo 76 de esa ley. El texto aprobado por el Congreso señaló que el ahorro de quienes se trasladaran continuaría bajo administración de las AFP hasta que el afiliado obtuviera su pensión, momento en el cual los recursos pasarían al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. El borrador del Gobierno, en cambio, dispone que el dinero se transfiera de inmediato a Colpensiones, lo que en la práctica cambia el administrador antes de la edad de retiro.

RESPUESTA DE LOS PRIVADOS: Asofondos, el gremio del sector, sostiene que esa diferencia no es menor. Afirma que el Ejecutivo estaría alterando por vía reglamentaria una decisión legislativa expresa sobre la custodia temporal de los recursos. Desde su perspectiva, el decreto excede la potestad reglamentaria porque no se limita a precisar procedimientos, sino que redefine el manejo del ahorro antes de que se cause la pensión. El Ministerio de Trabajo defiende que la reglamentación desarrolla el espíritu de la reforma y permite que Colpensiones respalde las futuras mesadas de quienes ya optaron por el régimen público.

La controversia ocurre en un contexto jurídico excepcional. La Corte Constitucional suspendió la entrada en vigor integral de la reforma tras admitir múltiples demandas de inconstitucionalidad relacionadas con el trámite legislativo y con el contenido de varios artículos. La Sala Plena quedó dividida frente a una ponencia que proponía avalar la norma, lo que obligó a designar un conjuez, Carlos Pablo Márquez, quien solicitó nuevas pruebas y prolongó la definición de fondo.

Esa suspensión no ha impedido que el Gobierno avance en medidas parciales asociadas al nuevo modelo, como el pago de un bono a adultos mayores sin pensión. El decreto sobre los traslados amplía esa estrategia y tensiona la relación entre el Ejecutivo y el control constitucional, porque reglamenta una ley cuya vigencia plena está en entredicho.

El trasfondo es estructural. El Gobierno de Gustavo Petro ha planteado una transformación del sistema para ampliar el peso de Colpensiones y reforzar la lógica solidaria. Las AFP defienden el esquema de cuentas individuales, subrayan la propiedad del ahorro y advierten sobre los riesgos de modificar reglas de administración que impactan el mercado de capitales. Un traslado inmediato de más de 25 billones implicaría que los fondos privados deban ajustar portafolios, vender activos y reconfigurar inversiones, con efectos potenciales sobre tasas de interés y financiación estatal.

El desenlace depende ahora de dos frentes. De un lado, el Ministerio de Trabajo puede acoger o no los comentarios recibidos y decidir la expedición definitiva del decreto. De otro, la Corte Constitucional debe resolver la constitucionalidad de la reforma que sirve de base a la medida. Si el tribunal valida la ley sin condicionamientos relevantes, el Gobierno tendrá un soporte más sólido para defender el traslado. Si la tumba total o parcialmente, la reglamentación podría perder sustento y abrir un nuevo capítulo de litigios sobre el destino de los recursos ya movilizados.