EN SÍNTESIS

El gobierno de Donald Trump anunció el inicio de procesos para expropiar o adquirir terrenos privados en Laredo, Texas, con el fin de ampliar y reforzar el muro en la frontera con México. A través del Departamento de Seguridad Nacional y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, envió notificaciones formales a propietarios cuyos predios quedarían dentro del trazado proyectado. Las cartas ofrecen compensaciones bajo la figura de dominio eminente y advierten sobre posibles demandas judiciales si no hay acuerdo. La medida impacta a comunidades ribereñas del río Grande y reactiva la controversia sobre seguridad fronteriza, derechos de propiedad y alcance del poder federal.

EN PROFUNDIDAD

 Laredo, Texas, 25 de febrero de 2026 – La decisión de avanzar sobre terrenos privados en Laredo no solo amplía infraestructura fronteriza, también reactiva una de las líneas más polémicas de la agenda migratoria de Trump, el uso intensivo del poder federal para convertir una promesa política en obra física. El envío de notificaciones formales marca el paso de la planificación técnica a la ejecución territorial en un punto donde la frontera es, en gran parte, propiedad privada.

Las cartas de “intención de adquirir” detallan que las franjas afectadas podrían destinarse no solo a nuevas barreras de acero, sino también a caminos de patrullaje, torres de vigilancia, iluminación y sistemas de sensores. En varios casos, las parcelas incluyen jardines, áreas agrícolas y accesos tradicionales al río Grande. Los propietarios reciben una oferta inicial de compensación económica y la advertencia de que, si no hay acuerdo voluntario, el gobierno puede acudir a tribunales federales para fijar el monto y tomar posesión de la tierra bajo dominio eminente.

La figura jurídica no es nueva en Estados Unidos. Permite al Estado adquirir propiedad privada para fines públicos, siempre que pague una compensación considerada justa. En el caso del muro, esa herramienta ya se utilizó durante el primer mandato de Trump, cuando la administración declaró emergencia nacional para redirigir fondos y acelerar la construcción en distintos tramos de Texas, Nuevo México, Arizona y California. En Texas, donde extensas áreas fronterizas pertenecen a particulares y no al gobierno federal, el recurso generó decenas de litigios.

Laredo había quedado rezagado frente a otros sectores por la combinación de resistencia local, dificultades técnicas asociadas al curso del río y prioridades presupuestales. El nuevo impulso responde a la identificación de ese tramo como vulnerable al cruce irregular y al tráfico ilícito. Funcionarios federales sostienen que reforzar la infraestructura en ese punto cerraría brechas operativas y enviaría una señal de disuasión en un contexto de presión migratoria persistente en la frontera sur.

Para las comunidades ribereñas, muchas con décadas o generaciones en la zona, la medida trasciende la discusión sobre seguridad. Implica una transformación física del entorno y la posible pérdida parcial o total de propiedades que forman parte de su vida cotidiana. Algunos residentes señalan que el trazado proyectado dejaría viviendas del lado sur de la barrera o dentro de zonas federales restringidas, alterando el acceso al río y la dinámica social de barrios históricamente conectados con el agua y con el lado mexicano.

Organizaciones civiles y ambientales comenzaron a documentar los casos y a asesorar a propietarios sobre sus opciones legales. Plantean que el impacto social y ecológico no ha sido evaluado de manera integral y que la creación de una franja federal con patrullaje intensivo puede afectar flora, fauna y flujos hídricos del río Grande. También cuestionan si las compensaciones reflejan el valor real de tierras productivas o de inmuebles con arraigo familiar.

Desde la administración, la argumentación combina seguridad nacional y cumplimiento de la ley migratoria. Voceros federales defienden que el Congreso ha autorizado fondos para reforzar la frontera y que el Ejecutivo cuenta con facultades amplias para adquirir terrenos cuando el objetivo es proteger el territorio. La disputa no se limita al precio por metro cuadrado, sino al significado político de la obra en una ciudad mayoritariamente latina, con vínculos económicos y culturales intensos con México.

Los antecedentes en otros puntos de Texas indican que la negociación suele preceder al litigio, pero que una proporción de casos termina en tribunales federales cuando los propietarios impugnan el avalúo o el alcance de la toma. En Laredo ya se registran reuniones comunitarias y consultas con abogados, mientras se evalúa si habrá demandas colectivas para frenar o condicionar el proyecto.

La decisión que adopten los propietarios frente a las ofertas iniciales definirá la velocidad del proceso. Si predominan los acuerdos individuales, la construcción avanzará sin un conflicto judicial prolongado. Si crece la resistencia y se multiplican las impugnaciones, la disputa puede escalar a cortes federales y convertir a Laredo en un nuevo punto de confrontación entre la estrategia fronteriza de Trump y los límites prácticos del poder federal sobre tierras privadas.