EN SÍNTESIS

El presidente Gustavo Petro afirma en X que los computadores incautados al exjefe guerrillero Raúl Reyes constituyen una prueba inválida porque fueron obtenidos mediante un acto ilegal y manipulados antes de llegar a la justicia. Sostiene que la Corte Suprema de Justicia ya excluyó ese material como evidencia directa en procesos penales. El pronunciamiento se produce en medio de señalamientos contra el precandidato Iván Cepeda, a partir de menciones en el llamado “archivo Reyes”. La oposición, especialmente desde el Centro Democrático, defiende su valor probatorio y cita informes de Interpol.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 23 de febrero de 2026 – La intervención presidencial reabre una controversia que atraviesa casi dos décadas de la política colombiana y que nunca ha sido exclusivamente jurídica. Al sostener que los archivos hallados tras la muerte de Reyes carecen de validez procesal, Petro no solo responde a los cuestionamientos contra Cepeda, también fija una posición institucional sobre los límites entre seguridad, inteligencia y debido proceso, en un terreno donde el conflicto armado dejó zonas grises.

El origen del debate se remonta al 1 de marzo de 2008, cuando fuerzas militares colombianas bombardearon un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano y abatieron a Luis Edgar Devia, alias Reyes. En el operativo fueron recuperados varios computadores y dispositivos de almacenamiento que, según el Gobierno de entonces, contenían correos y documentos sobre presuntos vínculos políticos y financieros de la guerrilla. Ese material fue enviado a la Interpol para su análisis técnico.

El informe de Interpol señaló que, desde el momento en que los equipos ingresaron formalmente a cadena de custodia, no se detectaron alteraciones en los archivos de usuario. Sin embargo, también dejó constancia de que durante los primeros días estuvieron bajo control exclusivo de autoridades colombianas, sin protocolos forenses internacionales. Esa precisión alimentó dos lecturas que persisten hasta hoy, una que enfatiza la autenticidad técnica y otra que subraya las irregularidades en la obtención.

La Corte Suprema de Justicia intervino en 2011 al estudiar el caso del exrepresentante Wilson Borja. La Sala Penal concluyó que los archivos constituían prueba ilícita en Colombia porque fueron recaudados en territorio extranjero sin cooperación judicial formal y por funcionarios que no actuaban como policía judicial. Ordenó excluirlos como evidencia directa en procesos penales y archivó la actuación contra Borja. Ese criterio fue reiterado en decisiones posteriores y se convirtió en referencia obligada sobre exclusión probatoria.

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El tribunal también precisó que el contenido podía servir como información de inteligencia para orientar investigaciones que luego produjeran pruebas recaudadas conforme al debido proceso. Esa distinción, técnica en el plano jurídico, abrió una brecha en el debate público. Mientras para algunos sectores la exclusión impedía cualquier uso institucional, para otros la autenticidad técnica bastaba para sostener señalamientos políticos.

En ese punto se sitúa la discusión actual. Dirigentes del Centro Democrático y voces cercanas al expresidente Álvaro Uribe han retomado fragmentos del llamado “archivo Reyes” para cuestionar la trayectoria de Cepeda y revivir la tesis de la “Farc-política”. Argumentan que la certificación técnica de Interpol respalda la veracidad del contenido y que la Corte no declaró inexistentes los documentos, sino que limitó su alcance procesal.

Petro respondió que la manipulación y la forma de obtención invalidan cualquier pretensión de convertir esos textos en prueba contra dirigentes políticos. Su mensaje en X insiste en que la justicia colombiana ya resolvió el punto y que utilizar esos archivos para atacar a Cepeda desconoce decisiones judiciales firmes. En esa línea, el Gobierno presenta el asunto como un intento de reactivar expedientes cerrados para incidir en la disputa electoral.

La tensión no se reduce a un intercambio de argumentos jurídicos. Toca un eje sensible del sistema institucional, la relación entre operaciones militares en el exterior y las garantías procesales internas. También interpela la memoria del conflicto armado y los límites de la confrontación política cuando se trata de documentos obtenidos en contextos de guerra.

La decisión de mantener o descartar el archivo como arma discursiva dependerá en buena medida de la capacidad de los actores políticos para convertir una discusión técnica en narrativa electoral. Si la oposición insiste en usar fragmentos del material como señalamiento público y el Ejecutivo responde con la doctrina de prueba ilícita, la controversia seguirá instalada en el centro del debate. Lo que está en juego no es solo la reputación de un precandidato, sino la frontera entre inteligencia y justicia que la Corte trazó hace más de una década y que vuelve a ser puesta a prueba.