EN SÍNTESIS

Un juzgado especializado de Bogotá condena a 21 años y 2 meses de prisión a Katerine Andrea Martínez Martínez, alias “Gabriela”, por su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. La mujer acepta cargos mediante preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para delinquir. La defensa de la familia exige avanzar contra los determinadores y financiadores del crimen.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá- 24 de febrero de 2026 – Katerine Andrea Martínez Martínez recibe una pena de 245 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en un preacuerdo avalado por un juzgado especializado de Bogotá. La procesada admite que recogió el arma y la entregó al adolescente que disparó contra el senador en el parque El Golfito, en Modelia. Inicialmente se había declarado inocente, pero termina aceptando cargos por homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de utilización de menores en la comisión de delitos.

La segunda condena de alto perfil por el asesinato de Miguel Uribe Turbay consolida la tesis de que el ataque fue una operación coordinada con distintos niveles de participación. El fallo contra alias “Gabriela” sanciona a una operadora logística y reconoce que detrás del atentado existió una estructura con mando y financiación, poniendo en duda hasta dónde llegará la investigación penal.

El adolescente, capturado minutos después del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025, ya había sido condenado a siete años de privación de la libertad en un centro especializado. La muerte de Uribe Turbay se produce el 11 de agosto de 2025, tras casi dos meses de hospitalización por heridas en cabeza, cuello y extremidades. Con estas decisiones judiciales, el proceso acumula al menos dos sentencias clave contra ejecutores directos.

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La Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una línea de investigación prioritaria. De acuerdo con los reportes oficiales, nueve personas han sido capturadas y al menos seis han suscrito preacuerdos. La estrategia apunta a obtener información que permita identificar a quienes ordenaron y financiaron el crimen. Entre los señalados en la etapa investigativa figura un presunto coordinador conocido como alias “Chipi” o “El Costeño”, señalado de reclutar participantes y articular la logística del ataque.

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La hipótesis que ha cobrado mayor fuerza vincula el asesinato con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas Farc con presencia territorial y participación en economías ilegales. Aunque esa línea aún requiere corroboración judicial, su sola mención sitúa el caso en el terreno de la violencia política asociada a estructuras armadas ilegales que combinan intereses criminales y capacidad operativa.

El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Miguel Uribe, sostiene que las condenas contra autores materiales y colaboradores logísticos no pueden convertirse en punto final. Tras conocerse la sentencia contra Martínez, exige que la Fiscalía avance hacia los determinadores e instigadores, y recuerda que el propio fallo alude a una organización con niveles de dirección y financiación.

El magnicidio ocurrió en un contexto de precampaña presidencial para 2026. Uribe Turbay, militante del partido Centro Democrático y miembro de una familia con trayectoria política nacional, tenía visibilidad y capacidad de incidencia en el debate público. La reclasificación del caso como magnicidio subraya el impacto institucional del crimen y su potencial efecto intimidatorio sobre otros aspirantes a cargos de elección popular.

El expediente también revela patrones conocidos del crimen organizado en Colombia. La fragmentación de tareas, la tercerización de la violencia y el uso de menores como ejecutores reducen el riesgo para los niveles superiores de la cadena. Esa arquitectura dificulta probar la autoría intelectual, pues cada eslabón conoce solo una parte del plan y la trazabilidad de la orden se diluye.

La Fiscalía queda ahora ante una prueba decisiva pues los preacuerdos firmados pueden convertirse en la vía para reconstruir la cadena de mando si la información aportada resulta verificable y coherente; la solidez de esa cooperación definirá la trascendencia de la condena de los ejecutores inmediatos. De esta decisión dependen tanto la percepción de justicia en este caso, como el mensaje que reciba cualquier estructura que contemple la violencia como herramienta política.