EN SÍNTESIS

El senador Iván Cepeda, figura del Pacto Histórico y candidato presidencial, denunció que sectores del uribismo intentan que sea investigado en Estados Unidos por supuestos vínculos con las Farc, con base en registros que lo mencionan en los computadores de Raúl Reyes. Su señalamiento surge tras el viaje a Washington del exministro y aspirante presidencial Daniel Palacios, quien radicó ante el Departamento de Justicia una solicitud para revisar esos archivos. Paralelamente, Cepeda llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunció una campaña de persecución política y desinformación en su contra. Mientras Cepeda habla de una ofensiva coordinada en varios frentes, Palacios sostiene que busca activar mecanismos legales legítimos.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 24 de febrero de 2026 – La confrontación entre Iván Cepeda y el uribismo dejó de ser un pulso interno y ahora se proyecta hacia el sistema judicial de Estados Unidos y los organismos de derechos humanos del sistema interamericano. El eje de la confrontación no es solo la mención de su nombre en los archivos incautados al exjefe guerrillero en 2008, sino la decisión de sectores de derecha de activar canales formales ante el Departamento de Justicia estadounidense para que esos registros sean examinados con fines penales, mientras Cepeda responde acudiendo a la CIDH para denunciar un patrón de hostigamiento político.

Cepeda sostiene que esa gestión forma parte de una estrategia coordinada para desacreditarlo en plena campaña presidencial. En una rueda de prensa y en intervenciones difundidas por medios digitales, afirmó que existe un “desfile” de dirigentes uribistas por oficinas federales en Washington con el propósito de que se le abra una investigación por presuntos vínculos con las antiguas Farc. A su juicio, se trata de un intento de judicializarlo en el exterior ante la imposibilidad de hacerlo en Colombia con base en los mismos documentos.

DANIEL PALACIOS, LA CHISPA: El detonante inmediato fue el viaje de Daniel Palacios, exministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque y hoy también candidato presidencial. Palacios reconoció que entregó documentación a autoridades estadounidenses para que evalúen las referencias a Cepeda en los computadores de Reyes y determinen si existe mérito para indagar posibles nexos con la guerrilla, incluso bajo categorías asociadas a terrorismo o narcotráfico. Su argumento central es que, aunque en Colombia esos archivos fueron declarados inadmisibles como prueba judicial directa por problemas en la cadena de custodia, en Estados Unidos han sido utilizados en procesos como el expediente contra Nicolás Maduro.

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El debate sobre esos equipos es antiguo. Tras el bombardeo al campamento de Reyes en territorio ecuatoriano, las autoridades colombianas incautaron material digital que generó controversia sobre su autenticidad y preservación. Las altas cortes colombianas limitaron su uso probatorio, lo que cerró la puerta a que sirvieran como base de condenas internas. Sin embargo, parte de la información fue incorporada en investigaciones internacionales sobre redes de narcotráfico, lo que alimenta la tesis de Palacios sobre su eventual valor ante tribunales federales.

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CASO URIBE: Para Cepeda, la discusión jurídica no puede separarse de la disputa política. El senador ha sido uno de los principales opositores del expresidente Álvaro Uribe y figura como presunta víctima en el proceso por soborno a testigos y fraude procesal que enfrenta el exmandatario. En 2020, cuando Uribe estuvo bajo detención domiciliaria, Cepeda denunció la existencia de una campaña internacional de lobby financiada por el entorno del expresidente, conocida públicamente como “Free Uribe”, que incluyó contactos con congresistas republicanos y cartas dirigidas a altas autoridades estadounidenses. Según su versión, aquel episodio buscó presionar a la Corte Suprema y abrirle a él un frente judicial en el exterior.

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Esa memoria pesa en la lectura actual. Cepeda interpreta las gestiones de Palacios como una reedición de esa estrategia, ahora en el contexto de la campaña presidencial de 2026, en la que el Pacto Histórico busca continuar en el poder y él aparece entre los aspirantes con mayor visibilidad. Desde la otra orilla, el uribismo insiste en que no se trata de persecución sino de activar instrumentos legales disponibles para esclarecer hechos que consideran de interés público.

El trasfondo es una democracia polarizada donde los expedientes judiciales se convierten en piezas de la contienda electoral. Llevar la disputa a Washington añade una dimensión simbólica, dado el papel histórico de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas en la región.

Si las autoridades estadounidenses concluyen que no hay base suficiente para actuar, Cepeda podrá presentar ese desenlace como confirmación de que enfrentó una ofensiva sin sustento. Si, por el contrario, se abre alguna forma de revisión formal, el debate sobre los computadores de Reyes y su alcance jurídico pasará del terreno retórico al institucional, con efectos directos sobre el equilibrio de la campaña y sobre la narrativa de legitimidad de los principales contendientes.