EN SÍNTESIS

Los jefes del Partido Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático rechazaron las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto riesgo de fraude en las elecciones de 2026 y aseguraron que el mandatario anticipa una derrota. Dirigentes como Efraín Cepeda, Germán Córdoba y Gabriel Vallejo respaldaron públicamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral y defendieron la solidez del sistema electoral. El choque se produce tras nuevas advertencias del jefe de Estado sobre el manejo de datos y escrutinios, en un contexto de creciente tensión política ante los comicios legislativos y presidenciales de 2026.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 24 de febrero de 2026 – Las reiteradas advertencias del presidente Gustavo Petro acerca de un posible fraude en las elecciones de 2026 activaron una reacción coordinada de los principales partidos de oposición y de colectividades tradicionales, que decidieron actuar en bloque alrededor de la organización electoral y cuestionar abiertamente las motivaciones del mandatario.

Petro ha insistido en que, si se mantienen los mismos actores en el manejo de datos y en el escrutinio, el país podría enfrentar un riesgo considerable. Ha señalado antecedentes de fallas estructurales y ha mencionado decisiones judiciales sobre procesos pasados, incluidas controversias en elecciones al Senado, para sustentar la idea de que persisten vulnerabilidades. Además, anunció que presentará evidencias ante las autoridades competentes, con el argumento de que advertir no implica desconocer la democracia, sino exigir garantías plenas.

LA RESPUESTA DE LOS PARTIDOS FUE INMEDIATA: Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador y senador de la República, afirmó que el jefe de Estado “se huele la derrota” y que intenta anticipar responsables frente a un eventual revés en las urnas. Germán Córdoba, jefe de Cambio Radical, calificó de irresponsables las declaraciones presidenciales y sostuvo que las verdaderas amenazas provienen de grupos armados ilegales. Por su parte Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, aseguró que el único fraude ha sido la gestión del Gobierno y llamó a rodear institucionalmente a la autoridad electoral.

El respaldo explícito a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral no es menor. Ambos organismos son los encargados de organizar, supervisar y declarar los resultados de las elecciones. Los dirigentes que cuestionan a Petro subrayan que el sistema colombiano es descentralizado, pues cuenta con testigos de todas las campañas y separa el preconteo del escrutinio oficial, lo que, a su juicio, ofrece garantías suficientes. También recuerdan que en procesos recientes se realizaron auditorías técnicas al software y a los procedimientos.

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LOS FANTASMAS DE 2018: La desconfianza del mandatario hacia el entramado electoral tiene antecedentes. Tras su derrota en 2018 frente a Iván Duque, Petro planteó dudas sobre el papel de empresas privadas en la logística de las elecciones. Ya en la Presidencia, volvió a poner el foco en contratos vinculados a la producción de kits electorales y al soporte tecnológico del preconteo. Su argumento ha sido que la concentración de datos sensibles en manos de determinados operadores podría abrir espacios para manipulaciones.

Las autoridades electorales han defendido históricamente que las compañías contratadas prestan apoyo logístico, pero no intervienen en la contabilización oficial de los votos. Han explicado que el escrutinio lo realizan comisiones integradas por jueces y delegados designados por la ley, y que existen mecanismos de reclamación y recuento. En procesos anteriores, incluso campañas del actual gobierno participaron en auditorías y en la vigilancia del código fuente.

Este choque se produce en un contexto de alta polarización y a poco tiempo de la renovación del Congreso y Ejecutivo. Para el oficialismo, la bandera de la “defensa del voto” puede convertirse en un eje movilizador de su base. Para la oposición, las advertencias del presidente avivan la desconfianza institucional y preparan una coartada política ante un resultado adverso.

Si las pruebas no logran demostrar fallas estructurales, la narrativa de fraude podría quedar circunscrita a su núcleo más cercano y reforzar la posición de quienes hoy respaldan a la organización electoral. Si, por el contrario, surgen indicios consistentes de irregularidades, el debate podría trasladarse a instancias judiciales y legislativas, con presión para revisar contratos, procedimientos y reglas lo más pronto posible. La credibilidad del sistema y la aceptación de los resultados dependerán de cuál de esas dos lecturas logre sostenerse con hechos verificables.