EN SÍNTESIS

El presidente Gustavo Petro presentó en la Casa de Nariño el nuevo pasaporte colombiano, que comenzará a expedirse el 1 de abril de 2026. El documento incorpora chip, lectura electrónica, hologramas, microtextos y tintas especiales, bajo estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. La producción estará liderada por la Imprenta Nacional de Colombia en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, en reemplazo del esquema de tercerización vigente durante 17 años. El Gobierno afirma que el modelo fortalece la soberanía de datos y ubica al país entre los sistemas más seguros del mundo.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 23 de febrero de 2026 – El lanzamiento del nuevo pasaporte no es solo un cambio de diseño o de tecnología. Marca un giro en la forma en que el Estado colombiano asume el control sobre uno de los documentos más sensibles para la identificación internacional de sus ciudadanos. El anuncio del presidente Gustavo Petro se inscribe en una apuesta más amplia por centralizar la personalización y el manejo de datos bajo entidades públicas, reduciendo la dependencia de operadores privados en un servicio estratégico.

El documento, que empezará a expedirse desde el 1 de abril de 2026, incorpora chip integrado, lectura mecánica y electrónica, fotografía fantasma, hologramas de alta complejidad, microtextos y tintas de seguridad. Según la Cancillería, cumple los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, organismo que fija las normas técnicas para documentos de viaje reconocidos en controles migratorios globales. La promesa oficial es doble, mayor protección frente a falsificación y blindaje de la información personal.

¿LA IMPRENTA NACIONAL O THOMAS GREG?: Durante cerca de 17 años, la producción y personalización del pasaporte colombiano estuvo en manos de Thomas Greg & Sons, empresa privada que operaba mediante contratos con la Cancillería. Aunque en 2018 se introdujo una versión modernizada con policarbonato y mejoras de seguridad, el modelo de tercerización se mantuvo intacto. El Gobierno actual decidió no renovarlo y propuso trasladar progresivamente la operación hacia la Imprenta Nacional.

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Ese tránsito no estuvo exento de tensiones. En 2025, la Procuraduría realizó inspecciones a la Cancillería y a la Imprenta y advirtió que la entidad estatal no contaba aún con acuerdos definitivos, cronogramas consolidados ni adecuaciones técnicas completas para asumir la producción. Las observaciones abrieron dudas sobre la capacidad operativa y el riesgo de desabastecimiento, un punto especialmente sensible en un país donde el pasaporte es requisito para movilidad laboral, académica y turística.

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Tras esas alertas, Cancillería e Imprenta aceleraron ajustes técnicos y cerraron una alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, institución pública europea con experiencia en documentos de alta seguridad. El Ejecutivo sostiene que esa cooperación permitió transferir conocimiento, fortalecer infraestructura y consolidar un modelo en el que el diseño, la impresión de libretas y la personalización de datos quedan bajo coordinación estatal.

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LA SOBERANÍA DE LOS DATOS: En términos prácticos, implica que la información biométrica y biográfica de los ciudadanos será administrada directamente por entidades públicas, sin intermediación privada en la fase crítica de personalización. Petro ha defendido la decisión como una garantía frente a posibles usos indebidos de bases de datos y como parte de una estrategia más amplia de control público sobre sistemas de identificación.

El rediseño también tiene un componente simbólico. Las páginas interiores incluyen mariposas amarillas, referencias a biodiversidad, elementos de culturas precolombinas y paisajes nacionales. La Casa de Nariño presentó el documento como una carta de presentación del país ante el mundo, donde seguridad tecnológica e identidad cultural conviven en un mismo soporte físico.

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Para los ciudadanos, el impacto inmediato será gradual. Los pasaportes vigentes seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. El nuevo modelo aplicará a solicitudes y renovaciones a partir de abril de 2026. La Cancillería deberá adaptar oficinas en el país y consulados en el exterior, capacitar personal y garantizar interoperabilidad con sistemas de lectura electrónica en aeropuertos y puestos fronterizos.

Los primeros meses de expedición pondrán a prueba la capacidad real de la Imprenta Nacional para sostener volúmenes de producción sin retrasos. La experiencia comparada muestra que la implementación de documentos biométricos suele enfrentar ajustes técnicos iniciales, especialmente en integración de chips y compatibilidad con lectores internacionales.

La Procuraduría y la Contraloría ya han mostrado interés en vigilar la ejecución contractual y el cumplimiento de requisitos técnicos. Su seguimiento será determinante para medir transparencia, costos y calidad del servicio. Si la operación fluye sin contratiempos, el Ejecutivo podrá presentar el caso como ejemplo de fortalecimiento estatal en un sector de alta sensibilidad. Si surgen fallas en tiempos de entrega o validación tecnológica, la discusión se desplazará hacia la capacidad del Estado para reemplazar esquemas privados en servicios especializados y de alto estándar técnico.