EN SÍNTESIS

El concejal de Bogotá Daniel F. Briceño cuestiona que sectores del petrismo pongan en duda la transparencia de las elecciones de 2026 por la participación del Grupo ASD S.A.S., mientras el propio gobierno de Gustavo Petro le ha adjudicado contratos por 154.525.572.691 pesos entre 2022 y 2026. En un mensaje en redes, el cabildante adjunta una tabla con doce contratos suscritos con entidades como el ICFES, los ministerios de Trabajo y Vivienda y el Fondo Único de TIC. El cruce se da tras un reportaje de Revista RAYA que alertó sobre antecedentes de la empresa en Honduras y su rol en la infraestructura electoral colombiana.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 24 de febrero de 2026 – La controversia sobre el Grupo ASD S.A.S. dejó de ser un debate técnico sobre software electoral y se convirtió en un pulso político entre narrativas enfrentadas. De un lado, investigaciones periodísticas han puesto bajo la lupa el papel de la compañía en procesos electorales recientes. Del otro, la oposición utiliza los registros de contratación estatal para cuestionar la coherencia del gobierno frente a un proveedor que hoy es señalado, pero que ha sido contratado de manera sostenida por el propio Ejecutivo.

El detonante inmediato fue un reportaje de Revista RAYA publicado en diciembre de 2025, que examinó la participación de ASD en las elecciones de Honduras de ese año y su papel en la unión temporal que operará componentes clave del escrutinio en Colombia en 2026. La investigación recogió denuncias del excandidato hondureño Salvador Nasralla sobre fallas en el sistema de transmisión preliminar de resultados y recordó antecedentes polémicos en comicios colombianos, como el descuadre de votos advertido en 2022 entre formularios E-14 y E-24.

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En ese contexto intervino Daniel F. Briceño, concejal de Bogotá y dirigente del Centro Democrático. A través de su cuenta en X, sostuvo que “Petro y su aparato de propaganda están poniendo en duda las elecciones por la presencia de la empresa ASD S.A.S. en la organización electoral”, y acompañó su afirmación con una tabla que atribuye a registros de SECOP. Allí se listan doce contratos celebrados entre 2022 y 2026 con entidades nacionales, cuya suma asciende a 154.525.572.691 pesos.

Entre los contratos incluidos aparecen varios suscritos con el ICFES en 2022 y 2023, por valores individuales que superan los 18.000 millones y 22.000 millones de pesos, además de otros por montos menores ese mismo periodo. También figuran acuerdos con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 2024, todos relacionados con servicios tecnológicos y procesamiento de información.

El argumento político de Briceño es directo. Si el oficialismo alerta sobre riesgos para la transparencia por la presencia de ASD en la infraestructura electoral, el mismo gobierno habría depositado su confianza en la empresa para administrar datos sensibles y sistemas críticos en sectores como educación, empleo y vivienda. La cifra global funciona como eje retórico de esa crítica, al condensar en un solo número la magnitud de la relación contractual.

EL CONFLICTO CON THOMAS GREG: La discusión se inscribe en un fenómeno más amplio. Desde hace más de una década, la infraestructura tecnológica de los procesos electorales nacionales ha estado concentrada en un grupo reducido de proveedores, entre ellos ASD y Thomas Greg & Sons, que han operado mediante uniones temporales o consorcios en varias elecciones presidenciales y legislativas. Esa continuidad ha generado cuestionamientos sobre competencia real en las licitaciones, dependencia tecnológica del Estado y dificultades para auditar de manera independiente los sistemas.

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Al mismo tiempo, la contratación de servicios de tecnologías de la información con empresas especializadas no se limita al ámbito electoral. Entidades como el ICFES, ministerios sectoriales y fondos adscritos han recurrido de manera recurrente a firmas con experiencia en manejo masivo de datos, desarrollo de software y soporte logístico. La tabla difundida por Briceño refleja esa práctica extendida y muestra que, durante la administración de Gustavo Petro, ASD ha mantenido una posición relevante como proveedor estatal.

La tensión no es únicamente técnica sino simbólica. Para medios críticos del sistema electoral, los antecedentes en Honduras y las controversias pasadas justifican exigir mayores garantías de auditoría y supervisión. Para sectores opositores, la contratación continuada debilita la narrativa de alarma y sugiere que el problema no radica en la empresa en sí, sino en la disputa política alrededor de su rol.

El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría quedan en el centro de esta disputa. Cualquier decisión sobre auditorías adicionales, acceso al código fuente o ajustes contractuales con ASD será leída bajo el prisma de esta confrontación. Si optan por reforzar los mecanismos de control, validarán parcialmente las preocupaciones planteadas. Si mantienen sin cambios el esquema actual, la crítica se trasladará al terreno de la confianza pública.

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La credibilidad de las elecciones de 2026 dependerá no solo de la solidez técnica de los sistemas, sino de la capacidad institucional para responder a cuestionamientos cruzados sin que estos deriven en una erosión anticipada de legitimidad. ASD, convertida en epicentro del debate, sintetiza una discusión más profunda sobre dependencia tecnológica, transparencia y coherencia política en la administración del Estado.