EN SÍNTESIS

El presidente Gustavo Petro cuestiona públicamente la financiación del megaproyecto «4 en 1 de Renovación Urbana y Solución Hidráulica para Bocagrande y Castillogrande», impulsado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, con una inversión cercana a 168.000 millones de pesos financiados con crédito público. En un mensaje en X, Petro advierte que, si no se cobra contribución por valorización a los propietarios beneficiados, la obra puede convertirse en un “subsidio al revés” en favor de zonas de alto valor inmobiliario. Mientras tanto, señala, unos 20.000 hogares en barrios pobres costeros siguen expuestos al riesgo de inundación y aumento del nivel del mar.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 20 de febrero de 2026 – La discusión no gira en torno a si Bocagrande y Castillogrande necesitan obras hidráulicas. El punto de fricción es quién paga por una intervención que, además de mitigar inundaciones, puede incrementar el valor de algunos de los predios más costosos de Cartagena. El presidente Gustavo Petro instaló esa pregunta en el debate público al advertir que, si no se cobra valorización a los propietarios beneficiados, la inversión podría traducirse en un traslado regresivo de recursos.

El mensaje del mandatario fue directo. “Espero que esta valorización con dinero público para las propiedades de Bocagrande y Castillogrande sea cobrada por valorización, si no, se convierte en subsidio al revés en Cartagena”, escribió en su cuenta de X. Añadió que, mientras se destinan cerca de 168.000 millones de pesos a esos barrios, hay 20.000 hogares en sectores populares que “pueden quedar bajo el mar”. La frase condensó una tensión latente en la ciudad, la brecha entre zonas turísticas de alta plusvalía y barrios costeros vulnerables al aumento del nivel del mar.

El proyecto cuestionado fue adjudicado en diciembre de 2025 al Consorcio Protección Cartagena por un valor cercano a 165.000 millones de pesos. La administración distrital lo presenta como el plan “4 en 1 Bocagrande y Castillogrande”, que incluye sistemas de bombeo, redes de drenaje pluvial, válvulas de retención, elevación de vías, protección costera y renovación del malecón y parques. El plazo total es de 24 meses y su financiación proviene de créditos con Findeter dentro de un cupo de endeudamiento de 1,5 billones aprobado por el Concejo.

El alcalde Dumek Turbay ha defendido la iniciativa como una intervención histórica para frenar inundaciones recurrentes que afectan residentes, comercios y turistas. Bocagrande y Castillogrande registran cada temporada de lluvias y mareas altas episodios de anegación por un sistema pluvial obsoleto y por el impacto combinado de lluvias intensas y aumento del nivel del mar. Desde la óptica del gobierno distrital, la obra protege un corredor estratégico para la economía local y la imagen internacional de la ciudad.

LAS CRÍTICAS NO SON NUEVAS: Desde el anuncio del proceso licitatorio en 2025 surgieron cuestionamientos sobre la priorización de recursos en barrios de alto ingreso frente a sectores populares expuestos a erosión e inundaciones. La financiación con deuda pública amplificó el debate, porque compromete recursos que serán asumidos por toda la ciudad. El pronunciamiento presidencial conecta esa controversia local con una línea política que Petro ha defendido en otros proyectos de infraestructura, el uso de la contribución por valorización para que los propietarios directamente beneficiados asuman parte del costo.

La valorización es una herramienta prevista en la legislación colombiana que permite distribuir entre los dueños de predios el valor de las obras que incrementan el precio de sus inmuebles. Petro la ha presentado como un mecanismo de justicia fiscal, bajo la premisa de que no debe financiarse con recursos generales o con crédito público una intervención que genera plusvalías privadas en zonas de altos ingresos. En Cartagena, hasta ahora, el “4 en 1” se estructuró principalmente con endeudamiento y no con un esquema explícito de cobro a propietarios.

El trasfondo es más amplio que una disputa administrativa. Cartagena combina uno de los mercados inmobiliarios más costosos del Caribe colombiano en sectores como Bocagrande y Castillogrande con amplias zonas de informalidad y precariedad en áreas como la Ciénaga de la Virgen y otros barrios de bajamar. Los mapas de riesgo muestran alta exposición a inundaciones en comunidades que carecen de infraestructura de protección equivalente. La pregunta sobre la priorización de inversiones se cruza así con el debate sobre adaptación al cambio climático y desigualdad urbana.

La decisión sobre si se implementa o no un cobro de valorización recae en el Distrito y en el Concejo, que autorizó el cupo de endeudamiento. Una eventual revisión del esquema financiero implicaría tensiones con propietarios y sectores empresariales que respaldan la obra como necesaria para la competitividad turística. Al mismo tiempo, el señalamiento presidencial eleva el costo político de mantener intacto un modelo de financiación que podría ser percibido como regresivo.

Dumek Turbay enfrenta ahora una doble exigencia. Defender la viabilidad técnica y económica del proyecto y demostrar que la ciudad cuenta con un plan proporcional de adaptación para los barrios que Petro menciona como en riesgo. De cómo se articule esa respuesta dependerá si el “4 en 1” se consolida como una apuesta de resiliencia urbana compartida o como símbolo de una ciudad que protege primero sus vitrinas y después sus periferias.